Calumnia

GUÍAS JURÍDICAS


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I. EL DERECHO AL HONOR COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Según la sentencia del Tribunal Supremo 1172/1995 de 17 de noviembre, la calumnia es una infracción de actividad, que afecta al honor como sentimiento íntimo que se mueve alrededor de la dignidad moral, del pundonor, del amor propio o de la estimación personal. Pero fuera del puro concepto meramente subjetivo, la honorabilidad objetivamente consiste en la apreciación o estima que los demás tienen en cuanto a las cualidades morales de la persona afectada como sujeto pasivo.

Téngase en cuenta que la idea o sentimiento del honor ha pasado de ser patrimonio exclusivo de determinadas clases sociales o profesionales, para convertirse en los grupos sociales y categorías jurídicas de las naciones de cultura occidental, como un atributo inherente a toda persona, cualquiera que sea su clase social, profesión, religión, raza o sexo; algo que nace con la persona y sólo se extingue con su muerte (sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1987)

Este derecho ha sido especialmente reconocido en tratados internacionales suscritos por España y reconocidos como derecho interno. De esta manera, puede señalarse el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que reconoce el principio de que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra determinados ataques, entre ellos los dirigidos contra su honor. Siguiendo esta orientación, el artículo 18.1 de la Constitución de 1978 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

II. LA CALUMNIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con carácter previo, hay que analizar la diferencia entre la libertad de información y la libertad de expresión. En este sentido, resulta muy clarificador el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988,de 8 de junio, según la cual: «siguiendo la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, de 21 de enero, que nuestra Constitución consagra por separado la libertad de expresión -artículo 20.1 a)- y la libertad de información -artículo 20.1 d)-, acogiendo una concepción dual, que se aparta de la tesis unificadora, defendida por ciertos sectores doctrinales, y acogida en los artículos 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York y 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Políticas de Roma Según esa configuración dual -que normativiza a nivel constitucional la progresiva autonomía que ha ido adquiriendo la libertad de información respecto de la libertad de expresión en la que tiene su origen y con la cual sigue manteniendo íntima conexión y conserva elementos comunes- la libertad del artículo 20.1 a) tiene por objeto la expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también incluirse las creencias y juicios de valor y el de la libertad del artículo 20.1 d) el comunicar y recibir libremente información sobre hechos o tal vez más restringidamente, sobre hechos que puedan considerarse noticiables.

Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, por el otro, cuya dificultad de realización destaca la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad de ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, independientemente de la parte a quien incumba su carga, la legitimidad constitucional del derecho a informar, según los términos del artículo 20.1 d) de la Constitución, y, por tanto la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta, lo cual conduce a la consecuencia de que aparecerán desprovistas de valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa».

1. Derecho al honor y libertad de información

El objeto de la libertad de información radica en comunicar y recibir libremente información sobre hechos que puedan considerarse noticiables. Esta libertad tiene una posición especial en el ordenamiento constitucional español porque resulta esencial para la formación de una opinión pública libre. En cada caso es necesario realizar un juicio de ponderación entre el derecho fundamental a la libertad de información (artículo 20.1.d Constitución Española) y el derecho fundamental al honor (artículo 18.1 Constitución Española). Prevalecerá el derecho a la libertad de información si concurren los siguientes requisitos:

  • Que la información sea veraz. Ha de establecerse que el informador ha actuado de forma diligente, empleando los recursos razonables a su alcance para contrastar la información.
  • Que la información verse sobre hechos con relevancia pública.

Seguidamente abordamos el denominado «reportaje neutral», es decir, las declaraciones realizadas a un medio de comunicación en los que se imputan hechos lesivos al honor (doctrina del «reportaje neutral»). Esta construcción se recoge en el Auto del Tribunal Constitucional 126/05, de 4 de abril de 2004, según el cual:

  • El objeto de la noticia ha de hallarse constituido por declaraciones que imputan hechos lesivos del honor, pero que han de ser por sí mismas, esto es, como tales declaraciones, noticia y han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas (Sentencias del Tribunal Constitucional 41/1994, de 15 de febrero, Fundamento 4, y 52/1996, de 26 de marzo, Fundamento 5). De modo que se excluye el reportaje neutral cuando no se determina quién hizo tales declaraciones (Sentencia del Tribunal Constitucional 190/1996, de 25 de noviembre, Fundamento 4 b).
  • El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia (Sentencia del Tribunal Constitucional 41/1994, de 15 de febrero, Fundamento 4). De modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral (Sentencia del Tribunal Constitucional 144/1998, de 30 de junio, Fundamento 5) y tampoco lo hay cuando es el medio el que provoca la noticia, esto es, en el llamado periodismo de investigación (Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1996, de 16 de enero), sino que ha de limitarse a reproducir algo que ya sea, de algún modo, conocido.
  • En los casos de reportaje neutral propio la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración, quedando el medio exonerado de responsabilidad respecto de su contenido (Sentencia del Tribunal Constitucional 232/1993, de 12 de julio, Fundamento 3).

En este ámbito es necesario destacar la importancia de respetar la presunción de inocencia. Según el Principio 2º de la Recomendación 13, de 10 de julio de 2003, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la difusión de informaciones por los medios de comunicación en relación con los procedimientos penales, «el respeto del principio de la presunción de inocencia forma parte integrante del derecho a un proceso justo. En consecuencia, las opiniones y las informaciones relativas a los procesos penales en curso solamente deberían ser comunicadas o difundidas a través de los medios de comunicación cuando no atente a la presunción de inocencia del sospechoso o del acusado».

2. Derecho al honor y libertad de expresión

«La libertad de expresión tiene por objeto la expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también incluirse las creencias y juicios de valor. En este ámbito hay que tener en cuenta que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el artículo 10.1 del Texto fundamental» (sentencia del Tribunal Constitucional 105/1990).

III. TIPO BÁSICO

El artículo 205 del Código Penal dispone que «es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Según la jurisprudencia, los elementos del tipo son los siguientes (sentencias del Tribunal Supremo 1172/1995 de 17 de noviembre y 90/1995 de 1 de febrero):

  • 1. Imputar equivale a atribuir, achacar, cargar en la cuenta de otro un hecho constitutivo de delito.
  • 2. Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud; la falsedad de la imputación ha de determinarse fundamentalmente con parámetros subjetivos, atendiendo al criterio hoy imperante de la «actual malice» sin olvidar los requerimientos venidos de la presunción de inocencia.
  • 3. No basta con imputar genéricamente a otra persona hechos constitutivos de infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando de modo evidente las características genéricas del tipo delictivo que se achaca al presuntamente calumniado. Es decir, no bastan atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas, sino que la acusación ha de recaer sobre hechos inequívocos, concretos y determinados, precisos en su significación, pues la falsa imputación ha de contener los elementos definidores del delito atribuido aunque sin necesidad, naturalmente, de una calificación jurídica (Sentencia de 26 de julio de 1993).
  • 4. A diferencia de la acusación falsa, en el delito de calumnia la imputación forzosamente ha de referirse al delito, y no a la falta.
  • 5. Dicho delito ha de ser perseguible de oficio, es decir, ha de ser un delito público.
  • 6. La falsa imputación ha de dirigirse a persona inconfundible, de indudable significación, lejos de la simple sospecha o de la débil conjetura.
  • 7. El autor ha de conocer el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor como resultado de su actuación; o ha de actuar con temerario desprecio hacia la verdad.

Abordando el tipo subjetivo, la jurisprudencia viene entendiendo que es necesaria la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de infamar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva. Se trata de una voluntad de perjudicar el honor de una persona (animus infamandi o difamandi) revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, con finalidad de descrédito o pérdida de estimación pública. No es exigible tal ánimo como única meta del ofensor, bastando con que aflore, trascienda u ostente papel preponderante en su actuación sin perjuicio de que puedan hacer acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores, criticar, informar, divertir, etc., con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su imputación, aceptando la lesión del honor resultante de su actuar (véanse entre otras las sentencias de 4 de julio de 1985, de 30 de enero y 19 de abril de 1986, de 15 de julio de 1988, de 19 de mayo de 1989, de 6 de febrero y 4 de diciembre de 1990, y de 8 de mayo de 1991).

Desde la doctrina se afirma, especialmente a la vista de los términos del tipo de calumnia en el Código Penal de 1995, que no es necesaria la concurrencia del animus difamandi, bastando el conocimiento de la falsedad de la imputación del delito (dolo directo) o el temerario desprecio hacia la verdad (dolo eventual).

IV. TIPO AGRAVADO: CALUMNIA CON PUBLICIDAD

De conformidad con el artículo 206 del Código Penal, «las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses»

La doctrina afirma que el fundamento de la mayor punición radica en el incremento de los efectos lesivos contra el honor en aquellos supuestos en los que la calumnia tiene lugar con publicidad.

El artículo 211 del Código Penal contiene el concepto legal a publicidad a estos efectos: «la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante».

V. EXCEPTIO VERITATIS

El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado (artículo 207 del Código Penal). La doctrina ha venido discutiendo la naturaleza jurídica de la exceptio veritatis. Lo cierto y verdad es que si el imputado prueba la verdad de lo afirmado, quedará constatado que no ha existido el comportamiento típico (la calumnia).

La sentencia del Tribunal Supremo 192/2001 de 14 de febrero afirmó la constitucionalidad de este precepto, argumentando que «no es contrario al derecho fundamental a la presunción de inocencia pues se trata de una norma que se fundamenta precisamente en dicho derecho fundamental, del que también son titulares las personas a las que se ha imputado -falsamente o con temerario desprecio de la verdad- un determinado hecho delictivo. El artículo 207 EDL 1995/16398 dispone que «El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado». Es obvio que el «onus probandi» recae sobre quien imputa a otro un delito, sin perjuicio de que para dicha prueba pueda contar con la colaboración judicial en la práctica de los medios probatorios que estime procedentes». Y añade la citada sentencia del Tribunal Supremo que «la regulación del artículo 207 del Código Penal constituye por tanto, una manifestación de la aplicación del principio de presunción de inocencia a la víctima de la calumnia, trasladando al conflicto entre la víctima y quién le acusa, las reglas generales de dicho principio que establecen que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y que la carga de la prueba de dicha demostración no pesa sobre quien resulta acusado sino sobre quien efectúa la acusación».

Desórdenes públicos

GUÍAS JURÍDICAS


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I. CONCEPTO, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y DISPOSICIÓN COMÚN

1. Concepto y bien jurídico protegido

Los desórdenes públicos castigados penalmente son acciones que crean desasosiego o miedo impidiendo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, afectando a la paz pública y alterando el orden público, entendido como orden público constitucional, que se define como la tranquilidad o normalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y todo ello mediante la causación de lesiones a las personas, daños a las cosas o ataques a los derechos de seguridad y libertad de circulación.

El bien jurídico protegido es, pues, el orden público desde el punto de vista constitucional, el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana y el tranquilo ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Se regulan estos delitos en el Libro II, Título XXII rubricado «Delitos contra el orden público», Capítulo III bajo el nombre «De los desórdenes públicos», artículos 557 a 561.

2. Disposición común

El artículo 562 del Código Penal establece como disposición común que en el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos expresados en los capítulos anteriores de este Título, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, salvo que dicha circunstancia esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.

II. DELITO DE ALTERACIÓN EN GRUPO DEL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA

Previsto en el artículo 557.1 del Código Penal, castiga a los que actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código.

Sujeto activo de este delito puede serlo cualquiera dado que no se exige características determinadas en el autor, tratándose de lo que en Derecho Penal se denomina un delito común. Sin embargo la característica esencial de este delito está precisamente en el sujeto activo dado que se requiere que se cometa por una pluralidad de personas. Técnicamente se denomina delito plurisubjetivo. Pero no se trata de un grupo heterogéneo de personas sino unidas por un propósito común, lo que no quiere decir que tengan que estar organizadas en una estructura jerárquica, pero sí debe mediar un concierto, ya previo, sobrevenido o sucesivo, para alcanzar ese propósito común, no teniendo por qué ser expreso, bastando que sea tácito. Es suficiente, pues, que la acción comience a iniciativa de una persona y luego se vayan sumando otros.

La acción es realizar alguno o varios de estos actos, debiéndose tener en cuenta que se trata de una lista cerrada de circunstancias (númerus clausus):

  • Causar lesiones a las personas. Es indiferente que sean lesiones que en sí mismas sean calificables penalmente de delito o de falta (véase «Lesiones»). No será suficiente los maltratos de obra que no dejen lesiones, como tampoco cuando la lesión se produzca por un comportamiento negligente. Pero sí el ocasionar la muerte a alguna o algunas personas.
  • Causar daños a las propiedades. Se incluyen daños en las propiedades públicas y privadas, ya constituyan delito o falta en sí mismos (véase «Delitos y faltas de daños»).
  • Obstaculizar vías públicas o acceso a las mismas con peligro para los que circulen por ellas. No existirá delito cuando esa obstaculización esté controlada policialmente y no se produzca esa situación de peligro, habiéndose creado vías alternativas, por ejemplo.
  • Invadir instalaciones y edificios. El concepto invasión lleva implícita una ocupación por la fuerza de estas instalaciones y edificios. Se trata de edificios públicos o privados.

El resultado del delito es la alteración del orden público, la creación de una perturbación en el normal discurrir de la vida ciudadana. Tiene que ser un desorden de una cierta entidad para que justifique la pena de este delito. No existe delito cuando, por ejemplo, la acción se desarrolla en un lugar privado o edificio cerrado, donde no es posible la afectación del bien jurídico protegido. La no gravedad de los hechos permitirá calificarlos de falta del artículo 633 del Código Penal, que analizaremos.

Respecto al elemento subjetivo, el delito castiga la conducta cuando concurre dolo, es decir, conocimiento y voluntad de cometer los hechos. Además es necesario que concurra un elemento especial y tendencial que es la finalidad de atentar a la paz pública. Si no existe esta intención subjetiva no puede apreciarse este delito. Se tipificarán los hechos como delito o falta (véase «Faltas») de lesiones o daños solamente.

Se plantea si se incluyen en este delito los supuestos de alteraciones de orden público que cumplen los requisitos expuestos (daños, lesiones por ejemplo a agentes de la autoridad, cortes en las vías públicas) y también la intención de alterar la paz pública, pero haya además una finalidad reivindicativa o de protesta, por sí sola legítima. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha mantenido que para que estos hechos de reivindicación y protesta no sean encuadrables en este delito tiene que darse esa intención reivindicativa o de ejercicio del derecho fundamental de manifestación y en todo caso no existir una situación de peligro para personas y bienes.

Concurso de delitos. El precepto analizado establece que la pena impuesta es sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder conforme a otros preceptos de este código. Ello quiere decir que, aparte del delito, los hechos, si ocasionan daños o lesiones, constituirán las respectivas infracciones penales de daños y lesiones (véanse «lesiones» y «delitos y faltas de daños»).

La pena prevista es de prisión de seis meses a tres años.

III. DELITO DE DESÓRDENES PÚBLICOS EN EVENTOS O ESPECTÁCULOS QUE CONGREGUEN A UNA MULTIPLICIDAD DE PERSONAS

Previsto en el párrafo segundo del artículo 557 del Código Penal, fue introducido por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre de modificación del Código Penal. El fundamento es ampliar la protección penal frente a actos radicales y violentos en espectáculos deportivos y similares de una gran potencialidad peligrosa para la vida y la integridad de las personas dada la concentración de personas.

Las modalidades de este delito son las siguientes:

  • La primera modalidad es cometer los hechos previstos en el delito anterior con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. No olvidemos que los hechos tienen que ser ocasionados por una pluralidad de personas y tiene que darse el requisito subjetivo de la intención de alterar la paz pública.
  • La segunda modalidad es completamente diferente de la anterior. Castiga a los que, en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos alteren el orden público mediante comportamientos que provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes. En este caso deben precisarse los siguientes requisitos:
    • No es preciso que concurran los supuestos de acción del apartado anterior (daños, lesiones, etc), sino únicamente dar lugar a comportamientos susceptibles de provocar avalanchas de público o reacciones causantes de peligro para la «masa» congregada en el lugar.
    • Tampoco es necesario que los autores sean una pluralidad de personas, bastando con que haya sido una única persona.
    • A diferencia de la modalidad anterior, se centran los hechos en espectáculos deportivos y culturales (por ejemplo conciertos musicales).

La pena prevista en este tipo delictivo es la de prisión de un año y nueve meses a tres años de prisión. Además se podrá imponer también la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años por encima de la pena de prisión impuesta.

IV. DELITO DE PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN DETERMINADOS LUGARES U OCASIONES

Se castiga en el artículo 558 del Código Penal a quienes perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

Aún cuando tenga parecido con las conductas ya vistas, tiene sensibles diferencias, que hacen a este delito más amplio que los anteriores. Veamos las diferencias entre este delito y los anteriores:

  • Por lo pronto, sujeto activo no tiene que ser una pluralidad de personas bastando una única persona como autora de los hechos.
  • En segundo lugar precisa que se produzca una alteración de orden público, es decir, la alteración del normal transcurrir de los actos en los lugares reseñados en el precepto. La perturbación ha de ser grave en términos cuantitativos atendiendo al caso concreto y en el contexto en que se produzca la acción.No es preciso que la alteración del orden se realice necesariamente mediante los medios previstos en el artículo 557.1 (lesiones, daños, obstaculización de vías, invasión de edificios).
  • En tercer lugar se limitan en este precepto los lugares en que la comisión de los hechos constituye este delito, y son:
    • Un tribunal o juzgado. En este caso tendrán que haber resultado inefectivas las instrucciones y requerimientos que el Juez o Presidente del tribunal haya realizado al autor dentro de sus facultades de la llamada policía de vistas, que tienen como finalidad garantizar el orden del acto judicial.
    • Cualquier otro lugar público en el que ejerza una autoridad o corporación (por ejemplo salón de plenos de un ayuntamiento). No será necesario que esté en el lugar esa autoridad o corporación.
    • Un colegio electoral.
    • Una dependencia oficial o un centro docente.
    • Un espectáculo deportivo o cultural (por ejemplo un concierto musical).

En cuanto al elemento subjetivo, no exige el precepto en este caso que el autor actúe con la intención finalística de alterar la paz pública, lo que da una mayor amplitud al precepto, si bien el Tribunal Supremo viene exigiendo este requisito reduciendo la operatividad del delito.

La pena en este caso es de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años por encima de la pena de prisión impuesta.

V. DELITO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CÍVICOS

Se regula en el artículo 559 del Código Penal, y consiste en perturbar gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos.

La acción es similar al precepto anterior en cuanto a que se ha de producir una alteración grave del orden público, en el sentido ya definido, por medios abiertos y no concretados y por un sujeto activo que puede ser individual.

Lo que caracteriza este delito es el elemento subjetivo dado que se necesario que concurra en el sujeto activo no sólo un obrar doloso en cuanto a conocer y querer realizar los elementos que disciplinan el delito, sino que tiene que concurrir la intención o finalidad específica de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. Por derechos cívicos debemos entender los derechos fundamentales previstos en la Constitución Española, artículos 14 a 29 y también se incluye el artículo 30 que prevé el derecho a la objeción de conciencia. No es preciso, sin embargo, que para que el delito se consume se llegue a impedir el ejercicio del derecho fundamental, bastando con que esa sea la intención.

Las penas previstas son las de multa de tres a doce meses y la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a seis años.

VI. DELITO DE CAUSACIÓN DE DAÑOS ESPECIALMENTE PERTURBADORES

Contenido en el artículo 560 del Código Penal, se pena a quienes causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones, la correspondencia postal, las vías férreas, la circulación ferroviaria, conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad.

El bien jurídico protegido son los servicios públicos esenciales para la población.

La acción es causar daños, es decir, la destrucción o menoscabo de una cosa independientemente del perjuicio patrimonial que conlleve. Tienen que ser unos daños relevantes para producir el resultado.

El objeto material de este delito es variado y a él van asociados unos determinados resultados, que, de forma general, se pueden reducir a una alteración de un servicio público de esencial relevancia para la población:

  • Líneas o instalaciones de telecomunicaciones. Son los sistemas de transmisión a distancia de mensajes hablados, sonidos, imágenes o señales. Incluye sistemas telefónicos, radiofónicos, televisivos y cualquier otro necesario para el adecuado funcionamiento de los sistemas de esta clase. Se tiene que producir una perturbación del servicio público a consecuencia de los daños causados mediante su destrucción, interrupción u obstaculización, constituyendo un resultado material.
  • Correspondiencia postal. Al igual que en caso anterior, es preciso que se produzca la perturbación del servicio postal en el sentido expuesto como resultado material.
  • Daños en las vías férreas o en la circulación ferroviaria. En el primer caso no es preciso que se produzca el resultado material de destrucción, interrupción u obstaculización del servicio ferroviario, basta causar los daños a las vías férreas, por el peligro que ello conlleva de ocasionar daños o lesiones a los usuarios de las vías. En el segundo caso, no sólo habrá de crearse una situación de peligro con la causación de los daños sino que tiene que afectase el servicio ferroviario como resultado material.
  • Daños en las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad a las poblaciones. En este caso no sólo se ha de producir el daño a estas instalaciones, sino que ello tiene que llevar a un resultado material que es la alteración o interrupción del suministro o servicio de forma grave. Si la interrupción o alteración del servicio se produce por medios distintos a los daños no integraría este delito. Si no hay alteración del servicio o es leve no hay delito.

Respecto al elemento subjetivo, este delito castiga conductas dolosas, requiriéndose, por tanto, que el autor obre conociendo que su acción dañosa produce esos peligros y perturbaciones para los servicios públicos indicados, y que tenga voluntad de hacerlo.

La pena prevista es la de prisión de uno a cinco años.

VII. DELITO DE AVISOS FALSOS DE COLOCACIÓN DE BOMBAS U OTROS ARTEFACTOS O ELEMENTOS DESTRUCTIVOS

El artículo 561 del Código Penal ha impuesto castigo penal a un fenómeno que produce mucha alarma social como son los avisos falsos de colocación o existencia de bombas. El delito trata de garantizar la paz pública y el sentimiento de seguridad de la población que forma parte del concepto de seguridad ciudadana y orden público constitucionales.

La acción castigada es la de afirmar falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud. No es relevante que el aviso sea anónimo o identificándose el autor, así como el medio utilizado.

Se discute en la doctrina si la causación de alarma ocasionando una alteración de la paz pública es el resultado material de este delito y debe producirse para que se consume o no es necesario que se llegue a producir. En el primer caso de no producirse la alarma, porque, por ejemplo, no llegase a conocimiento público sino sólo de la policía, estaríamos ante una tentativa del delito (véase «Tentativa»). Parece que la tesis de la necesidad de ese resultado es acorde con el inciso final del precepto, que al establecer los criterios para determinar si se impone la pena de prisión o de multa, alternativas, establece que el juez ha de tener en cuenta «la alarma o alteración del orden efectivamente producida», pareciendo que, implícitamente, exige para la consumación la efectividad de esa alarma o alteración del orden.

En cuanto al elemento subjetivo del delito, se exige que el autor actúe dolosamente, por tener conocimiento de que con el aviso falso se produce alarma o alteración del orden y querer actuar. Es más, el precepto exige que se actúe «con ánimo de atentar contra la paz pública», por lo que la actuación maliciosa tiene claramente que concurrir para que se de éste delito. No se puede descartar que se incurra en este delito en el caso de realizarse estos avisos para evitar, por ejemplo, ir al trabajo o tener un examen, o incluso por broma. En estos casos no se actuaría con dolo directo de primer grado (véase «Dolo») pero sí con dolo al menos eventual, pues para alcanzar la finalidad propuesta de no ir a trabajar, al examen o gastar la broma, el autor se representa que altera la paz pública o crea alarma y acepta este resultado.

La pena prevista es la de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, que se alternarán en función de la alarma o alteración del orden producido.

VIII. FALTA DE ALTERACIÓN DEL ORDEN

El artículo 633 del Código Penal castiga a los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas.

La acción castigada es similar a la del delito visto en los apartados 2, 3 y 4 estudiados, de los que se diferencia por la levedad del comportamiento, en este caso, en atención a las circunstancias del caso concreto.

Las penas son las de localización permanente de dos a doce días y multa de diez a veinte días.