Desórdenes públicos

GUÍAS JURÍDICAS


martinez-tovar-procurador


I. CONCEPTO, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y DISPOSICIÓN COMÚN

1. Concepto y bien jurídico protegido

Los desórdenes públicos castigados penalmente son acciones que crean desasosiego o miedo impidiendo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, afectando a la paz pública y alterando el orden público, entendido como orden público constitucional, que se define como la tranquilidad o normalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y todo ello mediante la causación de lesiones a las personas, daños a las cosas o ataques a los derechos de seguridad y libertad de circulación.

El bien jurídico protegido es, pues, el orden público desde el punto de vista constitucional, el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana y el tranquilo ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Se regulan estos delitos en el Libro II, Título XXII rubricado «Delitos contra el orden público», Capítulo III bajo el nombre «De los desórdenes públicos», artículos 557 a 561.

2. Disposición común

El artículo 562 del Código Penal establece como disposición común que en el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos expresados en los capítulos anteriores de este Título, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, salvo que dicha circunstancia esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.

II. DELITO DE ALTERACIÓN EN GRUPO DEL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA

Previsto en el artículo 557.1 del Código Penal, castiga a los que actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código.

Sujeto activo de este delito puede serlo cualquiera dado que no se exige características determinadas en el autor, tratándose de lo que en Derecho Penal se denomina un delito común. Sin embargo la característica esencial de este delito está precisamente en el sujeto activo dado que se requiere que se cometa por una pluralidad de personas. Técnicamente se denomina delito plurisubjetivo. Pero no se trata de un grupo heterogéneo de personas sino unidas por un propósito común, lo que no quiere decir que tengan que estar organizadas en una estructura jerárquica, pero sí debe mediar un concierto, ya previo, sobrevenido o sucesivo, para alcanzar ese propósito común, no teniendo por qué ser expreso, bastando que sea tácito. Es suficiente, pues, que la acción comience a iniciativa de una persona y luego se vayan sumando otros.

La acción es realizar alguno o varios de estos actos, debiéndose tener en cuenta que se trata de una lista cerrada de circunstancias (númerus clausus):

  • Causar lesiones a las personas. Es indiferente que sean lesiones que en sí mismas sean calificables penalmente de delito o de falta (véase «Lesiones»). No será suficiente los maltratos de obra que no dejen lesiones, como tampoco cuando la lesión se produzca por un comportamiento negligente. Pero sí el ocasionar la muerte a alguna o algunas personas.
  • Causar daños a las propiedades. Se incluyen daños en las propiedades públicas y privadas, ya constituyan delito o falta en sí mismos (véase «Delitos y faltas de daños»).
  • Obstaculizar vías públicas o acceso a las mismas con peligro para los que circulen por ellas. No existirá delito cuando esa obstaculización esté controlada policialmente y no se produzca esa situación de peligro, habiéndose creado vías alternativas, por ejemplo.
  • Invadir instalaciones y edificios. El concepto invasión lleva implícita una ocupación por la fuerza de estas instalaciones y edificios. Se trata de edificios públicos o privados.

El resultado del delito es la alteración del orden público, la creación de una perturbación en el normal discurrir de la vida ciudadana. Tiene que ser un desorden de una cierta entidad para que justifique la pena de este delito. No existe delito cuando, por ejemplo, la acción se desarrolla en un lugar privado o edificio cerrado, donde no es posible la afectación del bien jurídico protegido. La no gravedad de los hechos permitirá calificarlos de falta del artículo 633 del Código Penal, que analizaremos.

Respecto al elemento subjetivo, el delito castiga la conducta cuando concurre dolo, es decir, conocimiento y voluntad de cometer los hechos. Además es necesario que concurra un elemento especial y tendencial que es la finalidad de atentar a la paz pública. Si no existe esta intención subjetiva no puede apreciarse este delito. Se tipificarán los hechos como delito o falta (véase «Faltas») de lesiones o daños solamente.

Se plantea si se incluyen en este delito los supuestos de alteraciones de orden público que cumplen los requisitos expuestos (daños, lesiones por ejemplo a agentes de la autoridad, cortes en las vías públicas) y también la intención de alterar la paz pública, pero haya además una finalidad reivindicativa o de protesta, por sí sola legítima. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha mantenido que para que estos hechos de reivindicación y protesta no sean encuadrables en este delito tiene que darse esa intención reivindicativa o de ejercicio del derecho fundamental de manifestación y en todo caso no existir una situación de peligro para personas y bienes.

Concurso de delitos. El precepto analizado establece que la pena impuesta es sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder conforme a otros preceptos de este código. Ello quiere decir que, aparte del delito, los hechos, si ocasionan daños o lesiones, constituirán las respectivas infracciones penales de daños y lesiones (véanse «lesiones» y «delitos y faltas de daños»).

La pena prevista es de prisión de seis meses a tres años.

III. DELITO DE DESÓRDENES PÚBLICOS EN EVENTOS O ESPECTÁCULOS QUE CONGREGUEN A UNA MULTIPLICIDAD DE PERSONAS

Previsto en el párrafo segundo del artículo 557 del Código Penal, fue introducido por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre de modificación del Código Penal. El fundamento es ampliar la protección penal frente a actos radicales y violentos en espectáculos deportivos y similares de una gran potencialidad peligrosa para la vida y la integridad de las personas dada la concentración de personas.

Las modalidades de este delito son las siguientes:

  • La primera modalidad es cometer los hechos previstos en el delito anterior con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. No olvidemos que los hechos tienen que ser ocasionados por una pluralidad de personas y tiene que darse el requisito subjetivo de la intención de alterar la paz pública.
  • La segunda modalidad es completamente diferente de la anterior. Castiga a los que, en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos alteren el orden público mediante comportamientos que provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes. En este caso deben precisarse los siguientes requisitos:
    • No es preciso que concurran los supuestos de acción del apartado anterior (daños, lesiones, etc), sino únicamente dar lugar a comportamientos susceptibles de provocar avalanchas de público o reacciones causantes de peligro para la «masa» congregada en el lugar.
    • Tampoco es necesario que los autores sean una pluralidad de personas, bastando con que haya sido una única persona.
    • A diferencia de la modalidad anterior, se centran los hechos en espectáculos deportivos y culturales (por ejemplo conciertos musicales).

La pena prevista en este tipo delictivo es la de prisión de un año y nueve meses a tres años de prisión. Además se podrá imponer también la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años por encima de la pena de prisión impuesta.

IV. DELITO DE PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN DETERMINADOS LUGARES U OCASIONES

Se castiga en el artículo 558 del Código Penal a quienes perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales.

Aún cuando tenga parecido con las conductas ya vistas, tiene sensibles diferencias, que hacen a este delito más amplio que los anteriores. Veamos las diferencias entre este delito y los anteriores:

  • Por lo pronto, sujeto activo no tiene que ser una pluralidad de personas bastando una única persona como autora de los hechos.
  • En segundo lugar precisa que se produzca una alteración de orden público, es decir, la alteración del normal transcurrir de los actos en los lugares reseñados en el precepto. La perturbación ha de ser grave en términos cuantitativos atendiendo al caso concreto y en el contexto en que se produzca la acción.No es preciso que la alteración del orden se realice necesariamente mediante los medios previstos en el artículo 557.1 (lesiones, daños, obstaculización de vías, invasión de edificios).
  • En tercer lugar se limitan en este precepto los lugares en que la comisión de los hechos constituye este delito, y son:
    • Un tribunal o juzgado. En este caso tendrán que haber resultado inefectivas las instrucciones y requerimientos que el Juez o Presidente del tribunal haya realizado al autor dentro de sus facultades de la llamada policía de vistas, que tienen como finalidad garantizar el orden del acto judicial.
    • Cualquier otro lugar público en el que ejerza una autoridad o corporación (por ejemplo salón de plenos de un ayuntamiento). No será necesario que esté en el lugar esa autoridad o corporación.
    • Un colegio electoral.
    • Una dependencia oficial o un centro docente.
    • Un espectáculo deportivo o cultural (por ejemplo un concierto musical).

En cuanto al elemento subjetivo, no exige el precepto en este caso que el autor actúe con la intención finalística de alterar la paz pública, lo que da una mayor amplitud al precepto, si bien el Tribunal Supremo viene exigiendo este requisito reduciendo la operatividad del delito.

La pena en este caso es de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a los lugares, eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años por encima de la pena de prisión impuesta.

V. DELITO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CÍVICOS

Se regula en el artículo 559 del Código Penal, y consiste en perturbar gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos.

La acción es similar al precepto anterior en cuanto a que se ha de producir una alteración grave del orden público, en el sentido ya definido, por medios abiertos y no concretados y por un sujeto activo que puede ser individual.

Lo que caracteriza este delito es el elemento subjetivo dado que se necesario que concurra en el sujeto activo no sólo un obrar doloso en cuanto a conocer y querer realizar los elementos que disciplinan el delito, sino que tiene que concurrir la intención o finalidad específica de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos. Por derechos cívicos debemos entender los derechos fundamentales previstos en la Constitución Española, artículos 14 a 29 y también se incluye el artículo 30 que prevé el derecho a la objeción de conciencia. No es preciso, sin embargo, que para que el delito se consume se llegue a impedir el ejercicio del derecho fundamental, bastando con que esa sea la intención.

Las penas previstas son las de multa de tres a doce meses y la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a seis años.

VI. DELITO DE CAUSACIÓN DE DAÑOS ESPECIALMENTE PERTURBADORES

Contenido en el artículo 560 del Código Penal, se pena a quienes causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones, la correspondencia postal, las vías férreas, la circulación ferroviaria, conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad.

El bien jurídico protegido son los servicios públicos esenciales para la población.

La acción es causar daños, es decir, la destrucción o menoscabo de una cosa independientemente del perjuicio patrimonial que conlleve. Tienen que ser unos daños relevantes para producir el resultado.

El objeto material de este delito es variado y a él van asociados unos determinados resultados, que, de forma general, se pueden reducir a una alteración de un servicio público de esencial relevancia para la población:

  • Líneas o instalaciones de telecomunicaciones. Son los sistemas de transmisión a distancia de mensajes hablados, sonidos, imágenes o señales. Incluye sistemas telefónicos, radiofónicos, televisivos y cualquier otro necesario para el adecuado funcionamiento de los sistemas de esta clase. Se tiene que producir una perturbación del servicio público a consecuencia de los daños causados mediante su destrucción, interrupción u obstaculización, constituyendo un resultado material.
  • Correspondiencia postal. Al igual que en caso anterior, es preciso que se produzca la perturbación del servicio postal en el sentido expuesto como resultado material.
  • Daños en las vías férreas o en la circulación ferroviaria. En el primer caso no es preciso que se produzca el resultado material de destrucción, interrupción u obstaculización del servicio ferroviario, basta causar los daños a las vías férreas, por el peligro que ello conlleva de ocasionar daños o lesiones a los usuarios de las vías. En el segundo caso, no sólo habrá de crearse una situación de peligro con la causación de los daños sino que tiene que afectase el servicio ferroviario como resultado material.
  • Daños en las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad a las poblaciones. En este caso no sólo se ha de producir el daño a estas instalaciones, sino que ello tiene que llevar a un resultado material que es la alteración o interrupción del suministro o servicio de forma grave. Si la interrupción o alteración del servicio se produce por medios distintos a los daños no integraría este delito. Si no hay alteración del servicio o es leve no hay delito.

Respecto al elemento subjetivo, este delito castiga conductas dolosas, requiriéndose, por tanto, que el autor obre conociendo que su acción dañosa produce esos peligros y perturbaciones para los servicios públicos indicados, y que tenga voluntad de hacerlo.

La pena prevista es la de prisión de uno a cinco años.

VII. DELITO DE AVISOS FALSOS DE COLOCACIÓN DE BOMBAS U OTROS ARTEFACTOS O ELEMENTOS DESTRUCTIVOS

El artículo 561 del Código Penal ha impuesto castigo penal a un fenómeno que produce mucha alarma social como son los avisos falsos de colocación o existencia de bombas. El delito trata de garantizar la paz pública y el sentimiento de seguridad de la población que forma parte del concepto de seguridad ciudadana y orden público constitucionales.

La acción castigada es la de afirmar falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud. No es relevante que el aviso sea anónimo o identificándose el autor, así como el medio utilizado.

Se discute en la doctrina si la causación de alarma ocasionando una alteración de la paz pública es el resultado material de este delito y debe producirse para que se consume o no es necesario que se llegue a producir. En el primer caso de no producirse la alarma, porque, por ejemplo, no llegase a conocimiento público sino sólo de la policía, estaríamos ante una tentativa del delito (véase «Tentativa»). Parece que la tesis de la necesidad de ese resultado es acorde con el inciso final del precepto, que al establecer los criterios para determinar si se impone la pena de prisión o de multa, alternativas, establece que el juez ha de tener en cuenta «la alarma o alteración del orden efectivamente producida», pareciendo que, implícitamente, exige para la consumación la efectividad de esa alarma o alteración del orden.

En cuanto al elemento subjetivo del delito, se exige que el autor actúe dolosamente, por tener conocimiento de que con el aviso falso se produce alarma o alteración del orden y querer actuar. Es más, el precepto exige que se actúe «con ánimo de atentar contra la paz pública», por lo que la actuación maliciosa tiene claramente que concurrir para que se de éste delito. No se puede descartar que se incurra en este delito en el caso de realizarse estos avisos para evitar, por ejemplo, ir al trabajo o tener un examen, o incluso por broma. En estos casos no se actuaría con dolo directo de primer grado (véase «Dolo») pero sí con dolo al menos eventual, pues para alcanzar la finalidad propuesta de no ir a trabajar, al examen o gastar la broma, el autor se representa que altera la paz pública o crea alarma y acepta este resultado.

La pena prevista es la de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, que se alternarán en función de la alarma o alteración del orden producido.

VIII. FALTA DE ALTERACIÓN DEL ORDEN

El artículo 633 del Código Penal castiga a los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas.

La acción castigada es similar a la del delito visto en los apartados 2, 3 y 4 estudiados, de los que se diferencia por la levedad del comportamiento, en este caso, en atención a las circunstancias del caso concreto.

Las penas son las de localización permanente de dos a doce días y multa de diez a veinte días.