Injurias

GUÍAS JURÍDICAS


martinez-tovar-procurador


I. CONCEPTO

La Constitución garantiza en el artículo 18.1 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El Tribunal Constitucional, señala que el contenido del derecho al honor que la Constitución garantiza como derecho fundamental en su artículo 18, apartado 1, es, sin duda, dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. La protección otorgada a este derecho vendrá en su contexto más estricto, con normas penales, y en su ámbito más extenso, por normas civiles.

Respecto a la protección penal del derecho al honor, el Título XI del Libro II del vigente Código Penal lleva por rúbrica “delitos contra el honor” y bajo la misma se agrupan los delitos de calumnia e injuria.

El concepto legal de injuria, en sentido es «toda aquella expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. O lo que lo mismo «la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». En sentido amplio, se refiere una infracción contra el honor.

La jurisprudencia ha perfilado el concepto de injurias refiriéndose a cualesquiera expresiones o hechos concernientes a una persona que difamen o hagan desmerecer en la consideración ajena o que afecten negativamente a su reputación y buen nombre.

Frecuentemente la injuria es confundida con la calumnia: El delito de calumnia, se haya constituido por la falsa imputación de un delito perseguible de oficio, por el difamador y atribuido por éste, con intención dolosa al ofendido, quien, si el hecho imputado fuera verdadero, podría ser perseguido por la acción pública o de oficio. Por lo que no se puede calumniar a quien de veras realizo el delito publico que se imputa, por el contrario se injuria siempre al sujeto, por muy ciertas que sean en realidad las expresiones lesivas para su dignidad vertidas.

II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Existe unanimidad en la Jurisprudencia en considerar que mediante los delitos de calumnia e injuria se protege el honor de las personas. Sin embargo aparecen posiciones dispares respecto de lo que deba entenderse por honor y que amplitud debe darse al término personas.

Respecto al concepto de honor, no faltan definiciones, ya bien sea la del Diccionario de la Real Academia que se refiere al mismo como la «cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos» y la «plena o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se la granjea»,

o la doble definición que otorga el Tribunal Supremo al concepto del honor: «El concepto fáctico, objetivo o aparente que consiste en la representación o consideración que los demás tienen de las cualidades de una persona. Está constituido por la reputación y la fama que la persona tenga en la sociedad. Y el concepto subjetivo e inmanente de honor que se concentra en el aspecto interior, esto es, en la estimación que cada persona hace de sí misma. El concepto normativo de honor se concentra en el aspecto interior, esto es, en la dignidad de la persona; en el respeto que toda persona merece por ser persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad».

En la actualidad, la doctrina mayoritaria maneja un concepto normativo-fáctico de honor, lo que significa que se parte del concepto normativo pero se tiene en cuenta también los aspectos exteriores, como la fama o la reputación; Lo que se trata es de garantizar el respeto a la dignidad en el contacto social, pues, la determinación de la medida de la lesión sólo es posible en el marco de los contactos sociales en los que se pretende el respeto por la dignidad personal. Por ello, se puede afirmar que el honor tiene un condicionamiento social (López Barja de Quiroga/ Pérez del Valle).

Así pues, el honor ha de referirse a la dignidad de la persona por el hecho de serlo, por lo que también es necesario determinar el alcance y contenido del término persona. En esta cuestión conviene distinguir entre las personas físicas y las jurídicas.

  • a) La persona física. No hay duda de que cualquier persona tiene derecho al honor y, en su caso, a la protección penal de su dignidad. Con esto quiere decirse que el término persona abarca a todas ellas, con independencia de que sean mayores o menores de edad. Ahora bien, ha de tratarse de una persona viva, pues, la persona fallecida no puede ser titular del derecho al honor que es un derecho personalísimo que se extingue con la muerte. Cuestión distinta es que la ofensa transcienda a los herederos o descendientes, en cuyo caso, estos estarían legitimados en cuanto que, por transcenderles, resulta afectado su honor.
  • b) La persona jurídica. De acuerdo a una concepción fáctica del honor, no hay excesivos problemas para reconocer que las personas jurídicas lo tienen. Si el honor lo reconducimos al aspecto externo del prestigio y la fama, las personas jurídicas pueden ser merecedoras de prestigio y fama y sujeto de derecho al honor, protegido constitucionalmente por el artículo 18.1 de la Constitución Española, regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayo y por la normativa procesal de la Ley 62/1978 de 26 de diciembre -la sección relativa a la garantía jurisdiccional penal de esta ley fue derogada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido- y, por tanto, tiene legitimación activa en el proceso.

III. REGULACIÓN NORMATIVA

En un principio, la norma constitucional del artículo 18.1 no fue objeto de un desarrollo legislativo específico y la protección civil del honor sólo podía articularse a través de los artículos 1092 y 1902 del Código Civil. La aprobación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, complementada por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, vino a suplir el vacío normativo, al menos en el aspecto sustantivo, pues, en el procesal, la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, progresivamente ampliada en su ámbito de aplicación, ya proporcionaba una tutela específica de los derechos fundamentales, en vía civil, contencioso-administrativa y penal.

Más allá de la protección civil del honor, se otorga protección penal al honor, así, el Título XI del Libro II del Código penal agrupa los delitos contra el honor, pero, debe indicarse que no todos los delitos contra el honor se encuentran recogidos en este Título. En efecto, existen otros tipos delictivos que también se refieren a la protección del honor como los artículos 490.3 y 491.1 relativos a las calumnias o injurias al Rey (ascendientes, descendientes, etc.); el artículo 496 sobre injurias a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, o a alguna de sus comisiones; el artículo 504 sobre calumnias o injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma; el artículo 504.2 relativo a las injurias o amenazas a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; el artículo 505 respecto de las injurias o calumnias a los miembros de las corporaciones locales; etc.

El Título XI está constituido por tres capítulos, uno dedicado a la calumnia (artículos 205 al 207), otro a la injuria (artículos 208 al 210) y, el tercero referente a unas disposiciones generales relativas tanto a la calumnia como a la injuria (artículos 211 al 216). Nos referiremos al tipo básico de los delitos contra el honor: la injuria, siendo la calumnia un tipo específico de injuria.

El artículo 208 dispone: «Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».

De lo anterior se deducen los siguientes elementos del delito de injurias:

1. Elementos objetivos

  • a) La acción típica: Consiste tanto en imputar hechos como en formular juicios de valor deshonrosos que lesiona la dignidad humana. Puede realizarse tanto verbalmente como por escrito, o de un modo simbólico por expresiones o manifestaciones graficas (por ejemplo caricaturas).Se exige en cualquier caso que estas expresiones o manifestaciones han de tener un significado objetiva y gravemente ofensivo Debe tenerse en cuenta que en esta materia la determinación de si una acción o expresión es injuriosa ha de hacerse teniendo en cuenta las circunstancias que rodean la acción y el uso social del lenguaje. Es preciso conocer y examinar la expresión o el gesto teniendo en consideración el contexto en el que se produce. En efecto, pues, el artículo 208 párrafo 2 establece que “solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves”. Y el artículo 208 párrafo 3 concreta el criterio de la gravedad, señalando que “las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

    La injuria que carezca de la cualidad de «graves» tendrá la calificación de leves y encontraran cabida como falta de injurias del artículo. 620.2.

  • b) Sujeto activo: Sujeto activo del delito de injurias puede ser cualquier persona.
  • c) Sujeto pasivo: Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, física o moral, sin restricción alguna.

2. Elementos subjetivos

Vienen constituido por el conocimiento y la voluntad de la acción de injuriar, (dolo), pero es preciso además la intención especifica de injuriar el llamado » animus injuriandi». Este ánimo constituye el nervio o elemento esencial del delito de injurias, entendido como el ánimo de menospreciar, desacreditar, o deshonrar, al sujeto pasivo, que debe mover al sujeto activo del delito, debiendo diferenciarse de otras voluntades, ánimos o intenciones en el sujeto como la de ejercitar un derecho, ejecutar una crítica, denunciar unos determinados hechos en un contexto concreto o de defenderse. Respecto a este ultimo, entendido como el ánimo de devolver una previa injuria recibida, si bien ha sido admitida por la mayoría doctrinal su influencia en la acción penal únicamente podría originar efectos atenuatorios, no una causa de impunidad. (Sentencias de 27 de septiembre de 1978 y 23 de diciembre de 1989).

Dispone el artículo 210 que «El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas».

Del tenor de este precepto se deduce que cuando se trate de imputaciones dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos relativos al ejercicio de su cargo o referidos a la comisión de faltas o de infracciones administrativas, el que realizó la imputación quedará exento de responsabilidad si prueba que la imputación es cierta. En otras palabras, la prueba de la verdad excluye la tipicidad del hecho.

3. Disposiciones generales

Se concretan en los artículos 211 al 216, en los que el Código agrupa una serie de normas que son de aplicación tanto a las injurias como a las calumnias. Distinguiendo:

  • a) Publicidad. A tenor del artículo 211 que «la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante».
  • b) Responsabilidad civil. El artículo 212 dispone que “en los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria”.
  • c) Por precio, recompensa o promesa. Conforme al artículo 213 «si la calumnia o injuria fueren cometidas mediante precio, recompensa o promesa, los Tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 ó 45 del presente Código, por tiempo de seis meses a dos años».
  • d) La retractación. Establece el artículo 214 que «si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, el Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que establece el artículo anterior.El Juez o Tribunal ante quien se produjera el reconocimiento ordenará que se entregue testimonio de retractación al ofendido y, si éste lo solicita, ordenará su publicación en el mismo medio en que se vertió la calumnia o injuria, en espacio idéntico o similar a aquél en que se produjo su difusión y dentro del plazo que señale el Juez o Tribunal sentenciador».
  • e) Condiciones de perseguibilidad. Dispone el artículo 215 que:”1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

    2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertida en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.

    3. El culpable de calumnia o injuria quedará exento de responsabilidad criminal mediante el perdón de la persona ofendida por el delito o de su representante legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 4 del artículo 130 de este Código».

  • f) La reparación del daño. Establece el artículo 216 que «en los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes».

IV. ASPECTOS PROCESALES

La incidencia la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen en la regulación mencionada anteriormente por el Código Penal sobre los delitos contra el honor, implicó la concesión a los perjudicados por intromisiones legitimas en su honor que pudieran ser constitutivas de calumnia injuria de la facultad de elegir entre la vía penal o civil;

Así el artículo 1.2 de Ley Orgánica 1/1982, dispone que el«carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9 de esta Ley». La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido el alcance del posible ejercicio de esta doble vía, reconociendo que la acción civil no estaba condicionada a la acción penal cuando se trataba de delitos privados, haciéndose especial mención del párrafo segundo del artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se expresa que «si se ejercita sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querella particular, se considerará desde luego extinguida la acción penal».

V. CONFLICTO ENTRE EL HONOR Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Actualmente es frecuente observar como los medios de comunicación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información colisionan con el derecho al honor de personajes públicos, o personajes con notoriedad publica. ¿Como debe solucionarse esta polémica? ¿Qué ocurre cuando en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información se profieren calumnias o injurias?

Nos encontramos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales: el honor (artículo. 18.1 de la Constitución) y la libertad de expresión (artículo 20.1 de la Constitución) e información [artículo 20.1.d) Constitución española].

En términos generales cabe decir que el Tribunal Supremo ha declarado que este conflicto no puede solucionarse otorgando preferencia al derecho al honor sobre el derecho a la libertad de expresión e información, sino que debe imponerse una ponderación atendiendo al caso concreto, sin olvidar que el derecho a la información junto con el de libre expresión, garantiza la existencia de una opinión publica y libre, condición absolutamente necesaria para el recto ejercicio de todos los demás derechos en los que se funda el sistema político democrático.

El Tribunal Constitucional ha otorgado una mayor prevalencia a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información sobre el derecho al honor. Si bien, para que esto ocurra somete el ejercicio de aquellos derechos al cumplimiento de ciertos requisitos, distinguiendo así, los siguientes:

  • a) Para que la libertad de expresión tenga una posición preponderante que le permita funcionar como causa de justificación, es necesario, que contribuya a la formación de la opinión pública en asuntos de interés para la colectividad en general, de manera que cumpla su función de garantía de aquella institución política, que es fundamental en un Estado democrático.
  • b) Cuando la libertad de expresión tiene por objeto hechos, la justificación requiere la realización por el autor de las comprobaciones necesarias para establecer la veracidad del contenido de la declaración. El requisito de la veracidad se cumplimenta a efectos de justificación desde que el informador cumplió diligentemente con el deber de comprobación; si hizo las comprobaciones razonables puede admitirse la justificación.
  • c) La justificación exige, que las manifestaciones o expresiones utilizadas aparezcan como necesarias, anteriormente a su difusión, debiendo ser tenidas en cuenta las circunstancias que rodearon el ejercicio del derecho, es decir, el contexto en el que se produjeron las manifestaciones o expresiones. De igual forma deben ser examinados los excesos en las expresiones utilizadas.
  • d) Como toda causa de justificación, para que produzca sus efectos, es necesario que concurra el elemento subjetivo de la justificación. En otras palabras el autor debe conocer que actúa en el ámbito de la justificación y, por tanto, cuando profirió las manifestaciones o expresiones debería saber que actuaba en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que su contenido tiene por objeto unos hechos de interés para la colectividad en general.

En cualquier caso el Tribunal Constitucional ha declarado que será preciso distinguir claramente entre «la información de hechos y la valoración de las conductas personales», y sobre esta base excluir del ámbito justificador de la libertad de información, aquellas informaciones vejatorias para el honor ajeno en cuanto sean innecesarias para el fin de formación de la opinión publica.

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