Trabajos en beneficio de la comunidad

GUÍAS JURÍDICAS


martinez-tovar-procurador


I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad fue introducida por el CP de 1995 como una manifestación del principio de reinserción y de los nuevos valores que, el llamado «Código Penal de la Democracia», consolidaba.

La previsión legal contenida en los arts. 53 y 88 del citado texto legal, restringía la aplicación de esta pena al ámbito de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa y al de la sustitución de las penas privativas de libertad. Su aplicación fue escasa dada la novedad de la figura, la carencia de infraestructuras y la deficiente concienciación sobre su utilidad por parte de las instituciones obligadas.

Con posterioridad, diferentes normas, entre las que cabe señalar la LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la LO 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del CP, la LO 15/2007, de 30 de noviembre, de modificación del CP en materia de Seguridad Vial, y la LO 5/10 de 22 de junio, han extendido muy significativamente el recurso a este tipo de pena.

La configuración legal de esta pena no ha sufrido cambio alguno después de la LO 1/15 de 30 de marzo, pues el art. 49 CP no se ha visto afectado por la reforma. Sí se ha rectificado su duración como pena menos grave en el catálogo del art. 33.3.l) CP que se adapta así a las previsiones del art. 40.4 CP, que tampoco se ha modificado. Lo que sí se ha visto afectado es su ámbito de aplicación. Está prevista con tal carácter para algunos de los delitos leves (antiguas faltas), como pena alternativa en todos los casos, dado que es imprescindible el consentimiento del penado. También se encuentra prevista esta pena como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

II. REGULACIÓN LEGAL

En el artículo 49 del Código Penal, según redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, se recogen los criterios básicos de aplicación de la pena que son los siguientes:

«Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:

1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

2.ª No atentará a la dignidad del penado.

3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.

4.ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.

5.ª No se supeditará al logro de intereses económicos.

6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referida al desarrollo de la misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.

7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.»

Los preceptos de esta norma fueron desarrollados reglamentariamente por el Real Decreto 515/2005, de 6 de Mayo, que ha sido posteriormente derogado y sustituido por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.

Se define esta pena en el art. 2.1 del RD 840/2011, de 17 de junio, como pena privativa de derechos «que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares».

La LO 1/15 de 30 de marzo, como se ha dicho, incide en la consideración de dicha pena, toda vez que en su consideración de menos grave, su extensión abarca de los 31 días al año, cuando antes era de 31 a 180 días, en el art. 33.3.l) CP, y como pena leve de 1 a 30 días, al igual que en el texto anterior, art. 33.4 i) CP. El art. 40.4 CP establecía que la duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá la duración de 1 día a 1 año, la reforma de 2015 hace coincidir la extensión máxima de dicha pena en el catálogo general de penas.

En los supuestos del art. 80.3 CP, casos de suspensión de condena excepcionales, en los que los TBC están previstos como medida obligatoria, alternativamente con la multa, se fija su duración en relación a la pena suspendida sin señalar un máximo. El mínimo no podrá ser inferior al que resulte de aplicar los criterios de conversión establecidos en el art. 84.3 (un día de prisión por una jornada de trabajo) sobre un quinto de la pena impuesta. No se fija un límite máximo. En un sistema jurídico integrado, el mismo habrá de fijarse según las pautas del art. 84.1,3ª CP, es decir aplicar el módulo de conversión de un día de prisión por una jornada de trabajo sobre un máximo de dos terceras partes de la pena impuesta, pero con el límite máximo de un año que fija el art. 40.4 CP para los TBC, pues no podemos olvidar que son pena. En otro caso, acudiendo al régimen de conversión posible en el marco del art. 84.1.3ª CP puede llegar a suponer hasta 16 meses de TBC, habida cuenta que es posible la sustitución de penas privativas de libertad de hasta dos años. Y esta duración podría ser aún mayor en los supuestos del art. 80.5 CP referido a penas de hasta cinco años y respecto a los que no están excluidos los TBC como medida o pauta de comportamiento. En estos casos podrían llegar a alcanzar una duración de 40 meses. Todo ello nos coloca ante una duración desmesurada. Podemos adelantar que las dificultades prácticas para configurar, ejecutar y supervisar trabajos prolongados durante un año serán enormes, lo que conlleva el riesgo de que finalmente sea una opción abandonada.

En estos supuestos en los que los TBC operan en el contexto de la suspensión de la pena, su incumplimiento recibe un tratamiento específico, distinto del que contiene el art. 49.6 CP.Si el incumplimiento es grave y reiterado, dará lugar a la revocación de la suspensión (art. 86.1 CP). Si no lo fuera, podrá dar lugar a la ampliación del plazo de suspensión, o a la imposición de nuevas condiciones o modificación de las fijadas. Si llegara a revocarse la suspensión, la Ley prevé el abono para el cumplimiento de la pena de las jornadas trabajadas, lo que abunda en su consideración como pena. Aunque no se refiere al módulo de conversión, una interpretación sistemática obliga a entender que es el ya fijado de un día de privación de libertad por una jornada trabajada.

La LO 1/15, suprime el art. 88 que regulaba la sustitución e introduce un nuevo art. 84 CP, cuyo apartado 1. 3. ª permite la suspensión por «la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.» Por tanto, existe el límite de las 2/3 partes de la pena de prisión dado el módulo de conversión.

Lo más novedoso en relación a los trabajos, tras la LO 1/15, es su previsión como medida facultativa en el art. 84 CP para todos los casos de suspensión supeditada a que resulte adecuada como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor, y como obligatoria en supuestos de suspensión de la pena del art. 80.3 CP (incorpora los antiguos supuestos de sustitución de la pena del art. 88). En estos casos participa más bien de la naturaleza de una medida o prestación a cuyo cumplimiento se condiciona la concesión o el mantenimiento de la suspensión acordada. Sin embargo para el legislador no varía su naturaleza, en cuanto se refiere a ella en el Preámbulo de la Ley como penas en el contexto de la suspensión. Su configuración como prestación condicionante de la suspensión y su posible duración muy superior al límite fijado en el art. 33.3 l) CP como pena menos grave (1 año), pudiera sugerir que su naturaleza en estos casos no sea la propia de una pena, ni, en consecuencia, su régimen de cumplimiento sea el legalmente previsto para éstas.

III. ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LA PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

  • a) En primer lugar es necesario el consentimiento expreso del penado. Se ha suscitado el problema de la imposición de esta pena sin contar con el consentimiento y la eventual posibilidad de que finalmente no se preste y la sanción impuesta quede sin contenido. Por ello, la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2004 instó a los Fiscales para que en los juicios interesaran la previa conformidad con la pena y, en caso contrario, optaran siempre por pedir una pena alternativa a ésta.
  • b) La prestación laboral que se desarrolle debe ser gratuita para no competir con actividades laborales propias del mercado de trabajo. Ello no impide que el artículo 11 del RD 840/2011, establezca que están incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora. En las mismas condiciones estarán protegidos por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales.
  • c) Las actividades a desarrollar habrán de ser de utilidad pública y ya se ha mencionado que podrán tener relación con el bien jurídico lesionado por el delito, consistir en reparación del daño o en actividades de asistencia a las víctimas. En la mayor parte de las ocasiones se han suscrito convenios con las entidades locales para promover este tipo de trabajos, por más que todavía no hayan tenido la extensión deseada debido a las complejidades que presenta la ejecución de esta pena.
  • d) El trabajo establecido no puede ofender a la dignidad del penado. Según se dispone en el Real Decreto 840/2011 esta pena se ejecutará con arreglo a las siguientes normas: El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. La Administración penitenciaria supervisará sus actuaciones y les prestará el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz desarrollo.

El penado podrá proponer un trabajo concreto que será valorado, por la Administración penitenciaria, para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal y en el RD 840/2011, poniéndose en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Los servicios sociales penitenciarios, una vez recibidos el testimonio de la resolución y los particulares necesarios, entrevistarán al penado para conocer sus características personales, capacidad laboral y entorno social, personal y familiar, para determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista se le ofertarán al penado las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que debería realizarlo y, en los supuestos a los que se refiere el artículo 4.2, se escuchará la propuesta que el penado realice.

Una vez que el penado haya prestado su conformidad con el trabajo que se le propone, los referidos servicios sociales penitenciarios elevarán la propuesta de cumplimiento de la pena al juzgado de vigilancia penitenciaria para su aprobación o rectificación. La no conformidad con el trabajo concreto propuesto o la imposibilidad de llevarlo a cabo por razones personales, sociales o familiares será comunicada por los servicios sociales penitenciarios al juez de vigilancia penitenciaria a los efectos oportunos. Cada jornada de trabajo tendrá una extensión máxima de ocho horas diarias. Para determinar la duración de la jornada y el plazo en el que deberán cumplirse, se tendrán en cuenta las cargas personales o familiares del penado, así como, en su caso, sus circunstancias laborales.

La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para hacer compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra una causa justificada, podrá autorizarse por el juez de vigilancia penitenciaria el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o diferentes días. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del juez de vigilancia penitenciaria y de los servicios sociales penitenciarios y las directrices de la entidad para la que preste el trabajo. Los servicios sociales penitenciarios comprobarán con la periodicidad necesaria el sometimiento del penado a la pena, así como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto; a tal fin, mantendrán contactos periódicos con la entidad en que se lleve a cabo y adoptarán, en su caso, las medidas procedentes. Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al juez de vigilancia penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena, a los efectos y en los términos previstos en el art. 49.6 y 7 del Código Penal.