Atenuantes

GUÍAS JURÍDICAS


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I. CONCEPTO

Son aquellas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, previstas en la Parte General del Código Penal, que tienen como efecto la disminución de la pena de conformidad con determinadas reglas previstas por el Código Penal (artículos 65 y siguientes) para lograr una mejor individualización de la pena. Véase la voz «Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal».

Su regulación se encuentra en el artículo 21 del Código Penal, y pueden ser clasificadas del siguiente modo:

  • a) Eximentes incompletas (artículo 21, 1ª): las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para dicha exención en sus respectivos casos.
  • b) Atenuantes ordinarias (artículo 21, 2ª a 6ª): las circunstancias expresamente previstas como tales en el artículo 21 (2ª a 5ª).
  • c) Atenuantes analógicas (artículo 21, 7ª): cualquier circunstancia de análoga significación que las otras circunstancias previstas en el artículo 21.

II. EXIMENTES INCOMPLETAS

En este tipo de circunstancias concurre un estado intermedio entre la responsabilidad plena y la falta de responsabilidad completa. Desde que se contemplan por primera vez en el Código Penal de 1848, siempre se han situado junto con las circunstancias atenuantes.

En un principio la jurisprudencia solamente aplicaba la eximente incompleta en relación con aquellas circunstancias eximentes a las que el Código exigía de forma expresa varios requisitos (como ocurre con el estado de necesidad y la legítima defensa). Después de las citadas vacilaciones, la doctrina y la jurisprudencia vienen aceptando la posibilidad de que cualquier circunstancia eximente puede convertirse en incompleta cuando falte alguno de sus requisitos, siempre y cuando concurran todos los presupuestos esenciales de la respectiva eximente. En todo caso, no se puede apreciar como incompleta la eximente de menor edad, y ello por cuanto se trata de una circunstancia no graduable.

Cuando concurre una eximente incompleta, la determinación de la pena no se realiza de conformidad con las reglas ordinarias de las circunstancias modificativas de la responsabilidad (artículo 66), sino que existe una norma específica (artículo 68) que determina la reducción de la pena en uno o dos grados. Según el artículo 68, «en los casos previstos en la circunstancia primera del artículo 21, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley, atendidos el número y la entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su autor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 66 del presente Código».

Este precepto mantiene la preceptividad de la rebaja de la pena en un grado, así como la rebaja en dos grados con carácter potestativo. El anterior Código Penal de 1973, cuando concurría una eximente incompleta, utilizaba en su artículo 66 la expresión «se aplicará»; por el contrario el artículo 68 del Código Penal vigente emplea la expresión «podrán imponer» y ello había suscitado razonablemente dudas de si con el nuevo Código Penal era facultativa no sólo la opción entre rebajar la pena en uno o dos grados sino también entre rebajarla o no. En relación con esta cuestión, la jurisprudencia ha decidido mantener la interpretación que había prevalecido con el texto derogado de que es preceptiva la rebaja al menos en un grado y facultativa hacerlo en dos, por las siguientes razones (sentencia del Tribunal Supremo 443/1998, de 27 de marzo, que cita la sentencia de la misma Sala de 16 de enero de 1998):

  • 1. Dogmáticas, ya que las eximentes incompletas disminuyen el desvalor del injusto o la gravedad del reproche culpabilístico y, en consecuencia, deben reducir la pena imponible.
  • 2. Sistemáticas, ya que las razones que se incorporan al propio artículo 68 del vigente Código Penal para adoptar la decisión de rebajar en uno o dos grados la pena impuesta solamente tendrían sentido aceptando la necesidad de reducir la pena al menos en un grado.
  • 3. Históricas, en cuanto es la interpretación congruente con la conceptuación tradicional en nuestro Derecho de las eximentes incompletas como atenuantes privilegiadas o especialmente cualificadas tanto por su naturaleza como por sus efectos.
  • 4. Lógicas, ya que la interpretación contraria conduciría al absurdo de que una eximente incompleta pudiera tener un efecto atenuatorio nulo, incluso inferior al legalmente prevenido para las atenuantes ordinarias (artículo 66.2 del Código Penal 1973/1704).
  • 5. Y, por último, es la interpretación que se deduce de nuestra doctrina jurisprudencial, ya que al examinar una expresión idéntica contenida en el artículo 61.5 del derogado Código Penal, la jurisprudencia más reciente (Sentencias de 31 de enero de 1995 y 12 de diciembre de 1996).

III. ATENUANTES ORDINARIAS

De conformidad con el artículo 21 del Código Penal, las llamadas atenuantes ordinarias son las siguientes:

  • La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 20.2.
  • La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
  • La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
  • La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

De conformidad con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al artículo 21 Código Penal 1995 se le añade una circunstancia 6ª con la redacción siguiente:

«6ª. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa».

La motivación que se da al reconocimiento de tal atenuante, viene recogida por la Ley Orgánica 5/2010, en su Exposición de motivos: «en materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Se exige para su apreciación que el retraso en la tramitación tenga carácter extraordinario, que no guarde proporción con la complejidad de la causa y que no sea atribuible a la conducta del propio imputado. De esta manera, se recogen los elementos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha construido esta circunstancia como atenuante por analogía».

IV. ATENUANTES ANALÓGICAS

El artículo 21 considera que «son circunstancias atenuantes:…7ª) Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores». En la anterior regulación, figuraba como la atenuante 6ª.

En la doctrina se manejan diferentes construcciones sobre las atenuantes analógicas. Una primera entiende que la «análoga significación» se ha de establecer a partir del sentido informador de todas las atenuantes consideradas en su conjunto global; y en algún caso se ha sostenido que la analogía podría basarse en la totalidad del Ordenamiento Jurídico o, incluso, en el Derecho natural; de esta manera, podría ampararse en el número 6 del artículo 21 cualquier circunstancia que signifique una disminución del injusto o de la culpabilidad del sujeto. Una segunda postura defiende que debe existir analogía en relación con la concreta circunstancia atenuante del artículo 21 de que se trate.

La jurisprudencia estima que este tipo de atenuante debe tener aplicación cuando exista analogía con la circunstancia del artículo 21 de que se trate, es decir, cuando en el supuesto enjuiciado exista la específica razón de atenuación que figura como fundamento de la circunstancia atenuante de referencia. Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo 1258/1999, de 17 de septiembre, la aplicación de una atenuante por analogía debe inferirse del fundamento de la atenuante que se utilice como referencia, para reconocer efectos atenuatorios a aquellos supuestos en los que concurra la misma «ratio» atenuatoria.

Por otra parte, la jurisprudencia también ha establecido como regla general que la atenuante de análoga significación no puede alcanzar nunca al supuesto en el que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante típica, porque ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma, aunque también se flexibiliza este criterio por cuanto tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la típica, pues ello equivaldría a hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que habla (sentencia del Tribunal Supremo 1260/2003, de 27 de noviembre, que cita las sentencias de la misma Sala de 27 de marzo de 1985, 11 de mayo de 1992, 23 de septiembre de 1996, 15 de enero de 1999 y 30 de abril de 2002).

Hay que recordar que la jurisprudencia solamente de modo excepcional puede otorgarse carácter muy cualificado a una atenuante analógica (sentencias del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1998, de 24 de octubre de 1994 y de 17 de septiembre de 1999, entre otras). Como ejemplo, cabe señalar el caso afrontado por la sentencia del Tribunal Supremo 1258/1999, de 17 de septiembre, en el que la Sala estimó la concurrencia de dicha excepcionalidad ante la especial relevancia e intensidad de la actuación colaboradora del acusado, es precisamente en el aquí enjuiciado: el acusado no se limitó a reconocer a la policía su infracción cuando fue sorprendido en la vía pública «trapicheando» con unas papelinas, sino que condujo a los policías hasta su domicilio, les autorizó la entrada sin necesidad de mandamiento judicial, permitiendo el registro sin más trámites y les hizo entrega voluntaria de la droga que tenía en su vivienda, así como del dinero en efectivo procedente de unas ventas anteriores; y en el propio acto del juicio oral reconoció su delito, admitiendo su culpabilidad, no impugnó la validez de la prueba derivada del registro policial (muy cuestionable, pues se practicó sin testigo alguno y la «autorización» verbal se concedió cuando el acusado ya había sido detenido y sin posibilidad previa de hacer efectivo su derecho a la asistencia letrada), limitándose a expresar como atenuantes de su conducta, su arrepentimiento y el haber actuado para atender determinadas necesidades económicas.

Por último, conviene destacar que la jurisprudencia viene aplicando la atenuante por analogía en supuestos de dilaciones indebidas, con fundamento en lo acordado en el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 1999. Para valorar la existencia de dichas dilaciones, la jurisprudencia alude al criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno al artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», añadiendo que los factores que han de tenerse en cuenta son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los autos de la misma naturaleza en igual período temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal, y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles sentencias del Tribunal Supremo 322/2004, de 12 de marzo). En ocasiones, la jurisprudencia estima esta circunstancia como muy cualificada: de esta manera, se ha apreciado en casos de transcurso de nueve años de duración del proceso penal (sentencias del Tribunal Supremo 655/2003, de 8 de mayo, 506/2002, de 21 de marzo y 32/2004, de 22 de enero).

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