DELITO FRUSTRADO

GUÍAS JURÍDICAS


martinez-tovar-procurador


I. INTRODUCCIÓN

La Justicia Penal, descansa en el presupuesto del principio de intervención mínima, que supone actuar sólo en los casos que se consideren más graves porque la respuesta penal es la más gravosa -puede implicar una pena de prisión- y, en consecuencia, debe calibrar conductas, modos de realización y circunstancias de todo orden concurrentes.

Pues bien, en relación al modo de realización de un hecho delictivo, la dogmática penal viene distinguiendo -y la legislación y la jurisprudencia regulando y aplicando, respectivamente- lo que se conoce con el nombre de «iter criminis» (el camino del delito).

De ese modo, se dice, cualquier delito pasa o puede pasar, por tres fases o etapas: ideación, ejecución y consumación, que, en función de su diferente gravedad y trascendencia deben ser tratadas penalmente, de forma diferente.

En la primera etapa, el delincuente piensa en cometer un determinado hecho delictivo (robar en una casa particular), pero si no manifiesta al exterior, con hechos inequívocos tal plan, estamos fuera del derecho penal, por no existir resolución manifestada alguna de tal idea. En esta fase preparatoria, se sanciona penalmente, si así lo establece el legislador -como sucede en nuestro derecho penal- la proposición (invitar a otro a cometer un delito que el proponente ha decidido realizar) y la conspiración (concierto de dos o más personas para cometer un delito).

En la segunda etapa, se pone en ejecución el plan: el autor se dirige al domicilio escogido para realizar el robo, manipula la cerradura y penetra en el interior. Y, en función de la valoración de lo que haya sucedido, estaremos ante una tentativa (el ladrón es sorprendido por el morador de la casa que al oír ruidos acude a su dormitorio y se encuentra al «visitante») o un «delito frustrado» (el ladrón sale de la casa con los objetos robados pero mientras carga el botín en su furgoneta, es sorprendido y detenido por la policía).

Finalmente, el ladrón se propone su objetivo, despliega la conducta idónea para ello, y logra lo que se había propuesto, con independencia de que acabe siendo descubierto o no, pasado un tiempo. En este último caso, se ha producido la fase de consumación al haberse realizado la conducta prevista en la ley penal: sustraer cosas muebles ajenas, empleando fuerza para ello.

Sucede, no obstante, que en la práctica no siempre resulta fácil diferenciar «tentativa» y «frustración», porque ambos, en esencia, significan lo mismo: modos de realización de un delito en el que se despliegan actos y formas dirigidos a cometerlo sin que se logre finalmente tal propósito, porque en ambos casos existe un elemento común, el autor del hecho no tiene capacidad dispositiva ulterior del objeto delictivo (en el ejemplo del robo, lo ve, lo toca, incluso lo coge, pero no puede lucrarse con él).

Por eso, el Código Penal vigente, de 1995 suprimió esta categoría delictiva, reduciendo las etapas delictivas a: actos preparatorios punibles, tentativa y consumación.

II. CONCEPTO

Delito frustrado es aquél en el cual el plan delictivo del autor ha fracasado por causas ajenas al mismo.

El concepto legal que establecía el Código Penal de 1973, era el siguiente: «Cuando al delinquir el culpable practica todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el delito, y, sin embargo, no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente» (artículo 3 párrafo segundo).

En definitiva, hay delito frustrado cuando se realizan todos los actos que, dejados a su libre curso, deben producir de modo natural el delito y, sin embargo, no se logra dicho propósito por causas ajenas a la voluntad del autor. O en otras palabras, hay delito frustrado cuando estamos ante un delito completo en su ejecución pero fallido en su resultado.

III. FUNDAMENTO

Evidentemente no es lo mismo un delito consumado que frustrado. En el primer caso hay un delito, en el segundo caso no. O mejor, hay un hecho delictivo cuyas consecuencias no son las típicas del delito a que se dirigía.

Razones de política criminal, el termómetro de la Justicia en cada coyuntura, hacen que se tome una decisión determinada sobre el posible grado de castigo de las conductas en las que se intenta cometer un delito pero éste no se produce, finalmente.

Y entre los fundamentos que se utilizan para justificar el castigo de estos comportamientos, destacan: a) la idea del peligro inherente a dichos actos, que no deben quedar impunes cuando atacan bienes jurídicos importantes, desde el punto de vista objetivo, b) la necesidad de proteger la seguridad y la paz ciudadanas, lanzando el mensaje de que serán penadas aquellas acciones que alteran la tranquilidad de los ciudadanos y c) toda desobediencia a una norma, con independencia del grado que alcance, debe ser reprimida.

Estas teorías se reconducen a la necesidad de sancionar penalmente los actos que pongan en peligro objetivo determinados derechos y bienes, a fin de disuadir tales conductas, con independencia de que no se consumen.

Por otro lado, la ley tiene en cuenta la incidencia del arrepentimiento en el curso de la ejecución del delito. En concreto, el mero arrepentimiento sólo tiene trascendencia moral, lo que tiene efectos penales es lo que se llamó el «arrepentimiento activo eficaz», que significa no concluir la acción delictiva iniciada, lo cual supone la exención de responsabilidad penal cuando el propio autor evita voluntariamente la consumación del delito (lo desactiva), si bien responderá de los actos realizados en cuanto éstos constituyan un delito distinto (se quiere matar, pero se arrepiente al realizar el acto y clava el puñal con intensidad menor, dirigida a lesionar). Si el hecho se ha realizado pero colabora a que no se logre el resultado, podrá haber una atenuante pero el delito ya se consumó.

IV. DIFERENCIA CON LA TENTATIVA

Una de las cuestiones más complicadas en este tema, es la diferenciación entre delito intentado y delito frustrado.

Los criterios empleados para dicha tarea, pueden resumirse del siguiente modo:

  • a) Doctrinalmente: se ha utilizado la teoría de la acción objetiva, ligada a la posibilidad técnica de desistir del hecho delictivo iniciado. Cuando la acción no puede ser proseguida ni renunciada, y no se logra el objetivo marcado, hay frustración. Por el contrario, si cabe, detenerse y realizar más actos encaminados a conseguir el objetivo, estamos en el campo de la tentativa. Por otro lado, los autores han puesto de manifiesto que lo esencial en la frustración es la imposibilidad de desistir, en cuanto no cabe retroceder a la tentativa, mientras en ésta aún es posible desistir.
  • b) Jurisprudencialmente: depende del aporte cuantitativo de actos realizados, de tal modo que en la tentativa se realizan actos de inicio e incluso de ejecución mientras que en la frustración se realizan todos los actos que debieran haber dado el resultado buscado y éste no se produce.

Pero como se dijo, no resultaba fácil en todos los casos, diferenciar frustración y tentativa, por lo que el legislador español acabó suprimiendo la frustración, dejando subsistente únicamente la tentativa, categoría donde encajar todos los supuestos en que se inician los actos destinados a realizar un determinado delito, y éste no se consigue.

V. SUPUESTOS

Suele distinguirse, entre una tentativa acabada frustrada (delito frustrado, propiamente dicho) y otra inacabada (delito en grado de tentativa).

En el primer caso, el autor hace todo de su parte para obtener su objetivo y no lo consigue. En esta modalidad no cabe el desistimiento porque el autor ha hecho todo lo posible para cometer el delito, Así trata de matar a alguien, ahogándola, y para ello aprieta su garganta con todas sus fuerzas hasta que cree que lo ha conseguido pues la víctima pierde el conocimiento y abandona rauda la escena, pero no lo logra.

En la tentativa inacabada, el autor despliega actos objetivos para cumplir su objetivo, pero no prosigue hasta el final, siendo posible realizar otros actos para realizar el delito, los cuales no se ponen en práctica. Aquí es posible el desistimiento pues hay margen objetivo para impedir la consumación del delito.

VI. REGULACIÓN JURÍDICA

El Código Penal de 1995 tiene, en esta materia, una regulación distinta de su antecesor de 1973.

En efecto, en el Código Penal anterior se castigaba el delito consumado, el frustrado, la tentativa, la conspiración y la proposición; y en cuanto a las faltas, sólo se sancionan las consumadas, salvo las faltas frustradas contra las personas o propiedad, que también se castigan.

Por contra, en el Código Penal actual sólo se castigan el delito consumado y la tentativa de delito. Si bien en ésta, se incluye el practicar todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, formulación que permite a la doctrina hablar de tentativa acabada e inacabada, respectivamente, incluyendo el delito frustrado en el primer caso y la mera tentativa, en el segundo. De ese modo, se considera que lo que ha hecho el Código Penal vigente es mejorar la redacción de estas figuras más que dejar sin castigar el delito frustrado, que es más grave que la simple tentativa.

Además, las resoluciones manifestadas sólo se sancionan si el Código lo indica así, de modo expreso, lo cual hace en los delitos que estima más graves (a título de ejemplo, homicidio, asesinato, lesiones, detenciones ilegales, narcotráfico, atentar contra el Rey, terrorismo, etc)

Y respecto a las faltas, se castigan las consumadas y las intentadas contra las personas o el patrimonio.

VII. CONSECUENCIAS PUNITIVAS

La calificación de unos hechos como delito frustrado en la actualidad, no tiene trascendencia penal, pues dicha categoría no existe. Pero si lo reconducimos a delito intentado, y todo delito frustrado es un delito no consumado, y por tanto, ejecutado en grado de tentativa, en sentido amplio, supone la posibilidad de aplicarse la pena inferior en uno o dos grados que corresponda al delito consumado, «en la extensión que se estime adecuada, atendido el peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado» (artículo 62 del Código Penal de 1995).

Como en el Código Penal de 1973 el delito frustrado -artículo 51- se castigaba con «la pena inmediatamente inferir en grado a la señalada por la Ley para el delito consumado», ese es también el criterio que jurisprudencialmente se emplea para sancionar lo que ahora se considera «tentativa acabada», ya que el criterio distintivo es el empleo de energía criminal desplegado. Y así, cuando la ejecución se ha desarrollado en todo o en una muy gran parte, se reduce la pena en un grado, mientras en los supuestos de tentativa inacabada o escaso aporte de energía criminal, procede una reducción de dos grados.

Para el debido control de estas reglas aplicativas, la jurisprudencia viene exigiendo que se expliquen las razones de porqué se reduce en un grado o en dos la pena, y siendo lo primero la medida natural, para practicar una reducción de dos grados, es preciso razonar con detalle cómo se ha valorado «el peligro inherente al intento» y «el grado de ejecución alcanzado».

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