Autoría (Derecho Penal)

GUÍAS JURÍDICAS


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I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

El principal problema en esta materia radica en la distinción entre la autoría y la participación. En Derecho Romano se contemplaban las mismas penas a todos los participantes en el delito, tendencia que con carácter general continuó durante la Edad Media. Será el Código Penal francés de 1810 el que establezca la diferencia entre autor, cómplice y encubridor.

En la evolución doctrinal se han venido construyendo diferentes construcciones que explican la concepción de autor y su eventual distinción frente a los partícipes. Veámoslas:

1. Concepto unitario de autor

Con fundamento en la teoría de la equivalencia de condiciones (véase Causalidad ), esta concepción defiende que debe tener la consideración de autor toda persona que interviene en un hecho punible, es decir, cualquiera que haya realizado un aportación causal al hecho. De esta forma, todos ellos son autores, sin que exista diferencia entre los autores y los partícipes. En su versión más moderna se fundamenta en la peligrosidad del sujeto, al entender que la participación de varios delincuentes en el delito incrementa la peligrosidad.

Aunque la doctrina y la jurisprudencia no siguen esta construcción, hay que destacar que en Alemania se acepta para los supuestos de autoría en los delitos imprudentes.

2. Concepto extensivo de autor

Desde una perspectiva lógica, todas las personas que intervienen de alguna forma en el hecho tienen el mismo valor (se fundamenta también en la teoría de la equivalencia de condiciones), por lo que todas ellas deben ser consideradas autores; sin embargo, la ley penal puede diferenciar varios grados de responsabilidad, distinguiendo entre autores y partícipes. Por ello, los preceptos reguladores de la responsabilidad de los partícipes, en cuanto les atribuye una responsabilidad menor que la de los autores, aparecen como causas de restricción de la pena.

Posteriormente, una evolución de esta construcción desembocó en la llamada teoría subjetiva de la participación. Como la aportación causal de todos es igual (equivalencia de condiciones), la diferencia entre autores y partícipes se encuentra en el ámbito subjetivo: será autor quien actúe con ánimo de autor (de realizar su propio hecho), y será partícipe quien actúe con ánimo de partícipe (de intervenir en el hecho de otro).

Esta concepción ha tenido un escaso seguimiento en España, probablemente por las dificultades que se derivan de fundamentar en el sentimiento (ánimo subjetivo) la distinción entre autor y partícipe, sin olvidar sus problemas de aplicación en los delitos especiales y en los casos de autoría mediata. Sin embargo, algunos autores destacan que tiene cierto reflejo en la jurisprudencia española a través del a doctrina del acuerdo previo en la coautoría.

3. Concepto restrictivo de autor

No es autor todo el que realiza una aportación causal al hecho delictivo, sino que solamente será autor quien realiza el tipo. Por ello, la participación no estará en principio penada, salvo que exista un precepto penal que la considere punible; de esta manera, los preceptos que contemplen la responsabilidad de los partícipes son causas de extensión de la pena.

¿Cuándo hablaremos de autor y cuándo de partícipe?. La contestación a esta pregunta divide a la doctrina, pudiendo destacarse los siguientes planteamientos:

  • a) Teoría objetivo-formal: es autor quien realiza la acción prevista por el verbo del tipo penal (lenguaje empleado por el tipo previsto en el Código Penal). Pese a ser la concepción dominante es España, no se sigue por la doctrina alemana.
  • b) Teoría objetivo-material: como quiera que no todos realizan la misma aportación al delito, será autor quien lleve a cabo la aportación objetivamente más importante (causa del delito). Una parte de la doctrina española se muestra partidaria de esta teoría.
  • c) Teoría del dominio del hecho: es autor quien tiene el dominio de la ejecución del hecho y tiene la voluntad de dominarlo (con fundamento en la concepción finalista.) La doctrina alemana defiende mayoritariamente esta teoría, aunque solamente la aplica a los delitos dolosos; en España está siendo acogida cada vez más por la doctrina.
  • d) Teoría funcionalista: es autor quien tiene el hecho delictivo en su ámbito de responsabilidad (función que corresponde al sujeto).

II. CONCEPCIÓN DE LA AUTORÍA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

En primer lugar, el artículo 27 del Código Penal dispone que «son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices». Como vemos diferencia los autores (que define el artículo 28 CP) de los cómplices (que define en el artículo 29 CP), imponiendo a los segundos una pena inferior que a los primeros. Recordemos que el artículo 61 CP dispone que «cuando la ley establece una pena, se entiende que la impone a los autores de la infracción consumada»; mientras que el artículo 63 CP dispone que «a los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito».

El artículo 28 CP contiene la definición legal de autor. Dicho precepto establece que: «son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores:

  • a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
  • b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado».

Por último, el artículo 29 CP contempla la definición legal de cómplices, estableciendo que: «son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos».

Atendiendo a los anteriores preceptos, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

  • El vigente Código Penal establece una clara distinción entre autores y partícipes.
  • Se puede hablar de que el Código Penal maneja el concepto de autor de dos formas distintas:
    • De manera estricta, es autor quien realiza el hecho descrito en el tipo penal.
    • De manera amplia, son autores tanto quienes realizan el hecho típico, como otros partícipes que intervienen forma importante en el hecho (inductores y cooperadores necesarios).
  • El Código Penal se aproxima al concepto restrictivo de autor.
Autoría en sentido amplio 1.- Autor en sentido estricto 1.1.- Autoría directa
1.2.- Autoría mediata
1.3.- Coautoría
2.- Inductor
3.- Cooperador necesario

Recordemos que el primer inciso del artículo 28 del Código Penal considera que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Como vemos, este precepto distingue tres categorías dentro de la autoría en sentido estricto: la autoría directa, la autoría mediata y la coautoría.

Por autor directo cabe entender quien realiza el delito ejecutando la acción descrita en el tipo penal. Examinemos con mayor profundidad las otras dos categorías.

III. AUTORÍA MEDIATA

Por autor mediato hay que entender quien realiza el hecho previsto en el tipo (hombre de atrás) utilizando a otra persona como instrumento. Siguiendo a López Barja de Quiroga, los supuestos comúnmente admitidos por la doctrina como casos de autoría mediata son los siguientes:

  • a) Instrumento que obra sin dolo: el instrumento actúa bajo un error de tipo que ha sido provocado o que aprovecha el autor mediato. Pone el ejemplo de la enfermera que pone la inyección desconociendo que porta veneno, o del mensajero que entrega el paquete que contiene una bomba.
  • b) Instrumento que obra conforme a derecho: el instrumento actúa de conformidad con el ordenamiento, aunque con falta de todos los conocimientos necesarios del hecho que sí son poseídos por el hombre de atrás. El autor alude al caso del policía que detiene como consecuencia de una denuncia falsa.
  • c) Instrumento que obra bajo coacción: el instrumento actúa con dolo aunque sometido a coacción. Algunos afirman que el hombre de atrás debe considerarse inductor, y no autor mediato; en todo caso, esta discusión carece de trascendencia práctica en Derecho español porque ambos tienen la misma pena.
  • d) Instrumento que obra sin culpabilidad: el instrumento es inimputable (menor de edad, enfermos psíquicos…) o actúa con error de prohibición invencible. La doctrina discute sobre la inclusión en este caso del instrumento con error de prohibición vencible.
  • e) Instrumento que obra dentro de un aparato de poder: el hombre de atrás dirige la organización, dando las correspondientes instrucciones para cometer el delito a quienes actúan como instrumento. Algunos autores defienden que se trata de un caso de coautoría.
  • f) Instrumento que actúa dentro de una organización empresarial: los actos concretos realizados por cada una de las personas de la organización (instrumentos) forman parte de un hecho global realizado por quien tiene poder de mando sobre dicha organización (hombre de atrás). Parte de la doctrina mantiene que se trata de una coautoría.
  • g) Autor detrás del autor: el instrumento realiza el hecho delictivo (persona plenamente responsable) concurriendo una dependencia psíquica respecto de otra persona (el hombre de atrás). Parte de la doctrina califica este supuesto como de inducción.
  • h) Instrumento que carece del elemento subjetivo de la autoría: el instrumento actúa con dolo y culpabilidad, pero sin que concurra un elemento de la autoría exigido por el tipo. El autor citado pone el ejemplo del amo que ordena al criado que vaya al corral vecino y traiga varias gallinas para el corral de aquél; en el criado no concurre el ánimo de lucro exigido por el tipo. Parte de la doctrina considera que es un supuesto de inducción.

IV. COAUTORÍA

Son coautores quienes realizan conjuntamente un hecho delictivo. La jurisprudencia española exige dos requisitos para la existencia de coautoría:

  • a) La decisión conjunta de cometer el hecho (pactum scelleris), que puede tener lugar antes de la comisión del hecho, o bien durante su ejecución (coautoría adhesiva o sucesiva) sin necesidad de un previo y específico concierto anterior. Como quiera que en los delitos imprudentes no es posible la concurrencia de la decisión común de ejecutar el hecho, se defiende que no es posible la coautoría este tipo de delitos.
  • b) Un elemento objetivo, que consiste en la aportación por cada uno de los coautores de actos esenciales para la consecución del propósito común. Según la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo 1177/98 de 14 de diciembre, 1240/2000 de 11 de septiembre, 247/2001 de 23 de febrero, 700/2006 de 27 de junio, entre otras), la nueva definición de coautoría acogida en el artículo 28 CP como «realización conjunta del hecho» implica que cada uno de los concertados para ejecutar el hecho colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto. No es, por ello, necesario que cada coautor ejecute, por si mismo, los actos naturales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización del delito se llega conjuntamente por la agregación de las diversas aportaciones causales decisivas. Algunas sentencias están haciendo referencia a que es coautor quien tiene el condominio funcional del hecho (Sentencia del Tribunal Supremo 1813/2002 de 31 de octubre), es decir, es necesario que los coautores dominen el hecho. En definitiva, la aportación al delito debe realizarse durante su fase ejecutiva, pues solamente de esta forma podrá hablarse de dominio del hecho; si dicha aportación se produce antes de la comisión del delito, durante su preparación, podrá hablarse de la existencia de una cooperación necesaria o de una complicidad (dependiendo de la necesidad o no de la aportación).En los casos de coautoría, rige el principio de imputación recíproca (véase la Sentencia del Tribunal Supremo 1139/2005 de 11 de octubre): a cada uno de los autores se le atribuye responsabilidad por la totalidad del hecho con independencia de la contribución concreta de cada uno de ellos; recordemos que, al contrario, en los supuestos de participación rige el principio de accesoriedad. En el caso de que uno de los partícipes realice un acto que claramente suponga un aumento de la responsabilidad penal por excederse en lo convenido, los demás copartícipes no responderán del exceso, salvo que resulte acreditada la concurrencia del conocimiento de su concurrencia (Sentencia del Tribunal Supremo 519/2007 de 14 de junio).

    En los casos de coautoría sucesiva, que se han definido anteriormente, al coautor solamente le alcanza la imputación recíproca de lo que se realice a partir de su intervención. En cambio, no existe coautoría en los casos denominados autoría accesoria que se produce cuando dos o más personas, actuando de forma independiente y no conociendo la actuación de los otros, producen conjuntamente el resultado previsto por el tipo.

V. AUTORÍA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo de manera pormenorizada la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, dice que: «son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos…). Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea.

Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer una doble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.

Se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.”

Con la reforma del 2010 se introdujo un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, a las que se añadió a las consecuencias accesorias, la multa por cuotas y proporcionalidad así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. Imposición de penas que no excluye la posibilidad del fraccionamiento del pago de las multas a fin de evitar que el cumplimiento de la pena pueda poner en peligro la supervivencia de la propia persona jurídica o comprometa la estabilidad de los puestos de trabajo, o existan razones de interés general que así lo aconsejen. La responsabilidad de la persona jurídica puede, asimismo, atenuarse cuando se produjera la confesión de la infracción a las autoridades, la reparación del daño o el establecimiento de medidas tendentes a prevenir y descubrir delitos que eventualmente pudieran cometerse con los medios o al amparo de la persona jurídica.

Los preceptos reguladores de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas han sufrido diferentes modificaciones; las más notables son probablemente las operadas por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, modifica el art. 31 bis CP para eliminar a los partidos políticos y a los sindicatos como personas jurídicas excluidas de responsabilidad penal, así como por la LO 1/2015, de 30 de marzo. En este sentido, se ha dado una nueva redacción al art. 31 bis CP, cuyas notas destacables son las siguientes:

  • 1.1. Supuestos de responsabilidad criminal de las personas jurídicas:
    • a) Delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
    • b) Delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el apartado anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
  • 2. Supuestos de exención de la responsabilidad de los delitos cometidos por los representante legales u orgánicos de la persona jurídica. Aun cuando se cometieran los delitos que se han apuntado, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si: 1) el órgano de administración ha adoptado medidas de control y vigilancia tendentes a evitar la comisión de delitos; 2) estas medidas de control y vigilancia se efectúan por un órgano con capacidad autónoma o que tenga por previsión legal encomendadas tales funciones; 3) los autores cometen el delito eludiendo los mecanismos de control y prevención; y 4) no ha habido dejación u omisión en el ejercicio de las funciones de prevención por parte de la persona jurídica.

Por otro lado, la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido los arts. 31 ter, 31 quáter y 31 quinquies, cuyo objeto es concretar el ámbito de responsabilidad de la personas jurídica. Y así, el art. 31 ter CP extiende la responsabilidad criminal de la persona jurídica cuando el delito haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos de representación legal u orgánica de aquélla, responsabilidad que será concurrente con la de los autores materiales y que se mantendrá aun cuando éstos fallecieren o se hubieran sustraído a la acción de la justicia.

El art. 31 quáter CP establece como circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal: proceder a confesar la infracción a las autoridades antes de que el procedimiento judicial se dirija contra la persona jurídica; colaborar en la investigación; reparar o disminuir el daño causado por el delito; establecer, antes de comenzar el juicio oral, medidas de control y prevención de los delitos en su seno.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, Administraciones públicas territoriales, Agencias y Entidades Públicas, organización internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas (art. 31 quinquies CP).