Da mihi factum dabo tibi ius

 

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El principio de aportación de parte o de rogación, esencial en el ámbito procesal civil (véase “Proceso civil”), tiene como una de sus formulaciones más típicas el brocardo “Da mihi factum dabo tibi ius”, que resume la facultad de las partes de suministrar al Tribunal, mediante sus escritos de alegación, los hechos y el material probatorio que estimen conveniente en apoyo de sus pretensiones, y la obligación del juzgador de resolver el litigio conforme a la norma que resulte aplicable (véase “Iura novit curia”).

El artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone bajo la rúbrica de “Principio de justicia rogada” que: “Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”.

En correspondencia con ello, el artículo 217 de la norma distribuye entre las partes la obligación de acreditar los hechos traídos al proceso (véase “Carga de la prueba”) y el 218 establece (véase “Congruencia”) que las sentencias habrán de ser “congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes”, y prohíbe al Tribunal acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.

 

Ius ad rem

 

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La expresión «Ius ad rem» (del latín «res», cosa), se originó en el Derecho Romano y se aplicaba en aquellos casos en que habiéndose adquirido una cosa, todavía no había sido entregada. Significa «derecho a la cosa». Bajo esta expresión, se designa una clase de derechos caracterizados históricamente por que sin llegar a atribuir un poder inmediato sobre la cosa, tampoco dejaban reducidos a meros efectos obligacionales los actos realizados. Atribuyen así a su titular, un señorío inmediato sobre una cosa ejercitable frente a todos, facultando al titular para alcanzar la cosa objeto del derecho real o derecho a la cosa, allí donde se encuentre y de quien la tenga sometida a su dominación.

El poder que emana del derecho real, es susceptible de recaer sobre una cosa concreta en su totalidad, otorgando un absoluto señorío a su titular, o sobre alguna o algunas de las utilidades parciales de la cosa, concediendo entonces un señorío limitado que opera también directamente sobre ella. Cualquiera que sea su contenido, para su protección y defensa de una acción de tal naturaleza, ejercitable frente a todos

La doctrina y jurisprudencia distinguió el, «ius ad rem» del «ius in re». El ius ad rem se adquiere por venta, compra, contrato, o pacto. El ius ad rem no da derecho a usar de la cosa, mientras que del dominio no se pasa al uso; como el esposo no puede usar del cuerpo de la esposa. El ius in re se adquiere por la acepción legítima, entrega, u otra acción mediante la cual se transfiera el dominio de la cosa al que la recibe. Este dominio que constituye el ius in re, o real, hace que se divida éste en nueve especies que son: dominio, uso, usufructo, servidumbre, enfiteusis, feudo, prenda, hipoteca, y posesión.

Derechos adquiridos (Derecho civil)

 

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I. IDEAS PREVIAS Y CONCEPTO

En «Derecho subjetivo», se contrapone al Derecho objetivo o norma jurídica, significando el primero la facultad o poder que el ordenamiento jurídico concede a una persona, de tal manera que los demás deben respetar el contenido de esa facultad, pudiendo su titular impetrar el auxilio de los órganos judiciales para obtener, si es necesario, la protección de su derecho. Pero, en ocasiones, el derecho subjetivo reconocido a su titular cede ante actuaciones de la Administración o, debido a la aplicación de una norma posterior a su reconocimiento, es derogado. Pues bien, como una categoría de derechos subjetivos que no pueden ceder ante esas actuaciones surgen los derechos adquiridos.

Se pueden definir, así, los derechos adquiridos, como el conjunto de derechos subjetivos reconocidos a una persona que son indisponibles para la Administración y para el legislador, de tal manera que deben ser reconocidos y respetados aunque una norma legal o reglamentaria incida sobre una materia que les afecte, de tal manera que no pueden ser suspendidos ni derogados.

El fundamento normativo de los derechos adquiridos puede encontrarse, ya que no existe un precepto específico que los defina y regule, en los artículos 1 y 9.3 de la Constitución. En el primero porque el Estado social y democrático de Derecho se caracteriza por la protección de los derechos adquiridos, dotando de seguridad jurídica a los ciudadanos. El artículo 9.3 porque también el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que expresamente garantiza la Constitución, suponen también el respeto y el reconocimiento constitucional a los derechos adquiridos. En este sentido, el Tribunal Constitucional proclama que la doctrina de los derechos adquiridos es uno de los límites, y quizás el más importante, a las potestades absolutas de innovación del ordenamiento jurídico, que tienen como fundamentos convergentes los principios de seguridad jurídica y justicia, ambos inherentes a un auténtico Estado de Derecho, y, por ello, recogidos en los artículos 1 y 9 de la Constitución Española, pasando a convertirse en «derechos patrimonializados», esto es, incorporados al patrimonio de su titular, de tal manera que se convierten en uno más del conjunto de sus bienes propios.

II. LÍMITES

Sin embargo, de lo dicho hasta ahora no debe colegirse que los derechos adquiridos son absolutos e ilimitados, pues la jurisprudencia los ha limitado a los económicos y a los de la función pública. En este último caso, además, tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sostienen que los funcionarios públicos no pueden exigir que su situación estatutaria quede congelada en los términos en que se hallaba regulada en el momento de su ingreso o que se mantenga la situación administrativa de que se disfrutaba en un momento determinado.

También tiene dicho el Tribunal Constitucional que la defensa a ultranza de los derechos adquiridos (o sea, ilimitada y absoluta), no casa con la filosofía de la Constitución ni responde a exigencias acordes con el Estado de Derecho. Esta afirmación se hace en relación con el pretendido derecho a percibir prestaciones sanitarias reconocidas por una Mutualidad de previsión social luego extinguida, pues no puede hablarse de derechos adquiridos a que se mantenga un determinado régimen regulador de unas prestaciones a obtener en el futuro, ni existe retroactividad cuando una norma afecta a situaciones en curso de adquisición, pero aún no consolidadas por no corresponder a prestaciones ya causadas, pues lo que prohíbe el artículo 9.3 de la Constitución Española es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores, pero no la incidencia de la nueva ley en los derechos en cuanto a su proyección hacia el futuro. Por ello, concluye que «de todo ello resulta que los afiliados a la Seguridad Social no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, es decir, de las pensiones respecto a las cuales no se ha producido el hecho que las causa» (Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1987, fundamento jurídico 4º).

Igualmente, tiene dicho el Tribunal Constitucional, en relación con la variación de la edad de jubilación de los funcionarios por una ley posterior a su ingreso y sin concederles indemnización por ello, que no se vulnera el artículo 33.3 de la Constitución Española («nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes») pues «el funcionario que ingresa al servicio de la Administración Pública se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente, y por ello modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con los principios de reserva de ley y de legalidad, sin que, consecuentemente, pueda exigir que la situación estatuaria quede congelada en los términos en que se hallaba regulada al tiempo de su ingreso. Cada funcionario ostenta el derecho a la jubilación y al disfrute (o a solicitarlo en su caso) de las situaciones administrativas legalmente reconocidas, pero no el derecho, sino la expectativa, a que la edad de jubilación o el catálogo de situaciones continúen inmodificados por el legislador». Además, esa actuación del legislador se configura como «una limitación, delimitación o regulación general de un derecho, que no priva del mismo a los destinatarios de la norma, sino que lo configura ex novo, o modificando una situación normativa general anterior».

III. DERECHOS ADQUIRIDOS E IRRETROACTIVIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

El artículo 9.3 de la Constitución también establece el principio de interdicción de la irretroactividad, por el que las consecuencias de una norma no se producen respecto de situaciones anteriores a ella, aunque no se trata de un derecho absoluto. Cuando se proclama la irretroactividad, ello se hace porque la norma en cuestión debe respetar los derechos adquiridos con anterioridad a su promulgación, de tal manera que son inmunes a la retroactividad. Pero el Tribunal Constitucional aclara que tal interdicción sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos, integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas. También tiene dicho que la invocación del principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico. También sostiene que debe aplicarse con prudencia el referido principio, señalando que «sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del artículo 9.3 de la Constitución, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, y que lo que se prohíbe en el artículo 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad«.

Más específicamente, se entiende que la expresión «restricción de derechos individuales» del artículo 9.3 de la Constitución ha de equipararse a la idea de sanción, por lo cual el límite establecido en ese artículo debe entenderse referido a «las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas o en la esfera general de protección de la persona».

Por eso, ha resuelto el máximo intérprete de la Constitución que la transformación de una profesión libre en profesión titulada no altera derechos adquiridos ni viola la prohibición del artículo 9.3 de la Constitución y, por ende, la regla que permite la integración en un Colegio profesional de nueva creación, o la continuación en el ejercicio de una profesión, a las personas que no poseen los títulos exigidos en la nueva Ley.

En cuanto al principio de seguridad jurídica, que impide atentar contra los derechos adquiridos (se define este principio por el Tribunal Constitucional como «la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad»), igualmente ha proclamado este Tribunal que tampoco estamos ante una máxima absoluta, pues puede dictarse una norma que afecte a situaciones anteriores que sea claramente formulada y formalmente publicada, no merecedora del atributo de incierta, de tal manera que las modificaciones operadas por el precepto que se impugna estén en el ámbito de la potestad legislativa, que no puede permanecer inerme ni inactiva ante la realidad social y las transformaciones que la misma impone.

LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

 

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I. CONCEPTO, FUNCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

El estudio de la acción reivindicatoria, en cuanto acción protectora del dominio, -quizá la más característica de las dirigidas a su salvaguarda-, obliga a mencionar, aunque sea brevemente, lo que se entiende por derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico. Es comúnmente admitido que el derecho de propiedad es el señorío más pleno que una persona puede ostentar sobre una cosa, y ello supone que el dominio, más que un conjunto o suma de facultades, que, de no ser sustraídas al dueño, le permiten «gozar y disponer de la cosa» a su antojo, «sin más limitaciones que las establecidas en la ley», (párrafo primero del artículo 348 del Código Civil), aparece como un poder jurídico unitario, que no se ve menoscabado en su integridad aún cuando una o varias de las facultades que conforman su contenido se desgajen del mismo para conformar un derecho real de titularidad ajena sobre la misma cosa (llamado por ello, ius in re aliena en cuanto derecho real que se atribuye a persona distinta del propietario de la cosa, que por tanto resulta limitativo del dominio sobre aquella, como es el caso de una servidumbre, de un usufructo, o de un derecho real de garantía como la hipoteca). Así pues, el artículo 348 del Código Civil consagra el derecho de propiedad de transcendencia constitucional (artículo 33 de la Constitución Española de 1978) como un derecho no absoluto, pues admite limitaciones, tanto de orden legal, (a las que expresamente hace referencia el primer párrafo de dicho precepto) como de naturaleza convencional (porque así lo pacten las partes).

Cuando el párrafo segundo del artículo 348 del Código Civil se refiere a las acciones que corresponden al propietario para proteger su dominio, parece referirse exclusivamente a la acción reivindicatoria, pues dispone literalmente que «el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla». No obstante, según el parecer mayoritario, el artículo 348.2 del Código Civil contempla un amplio contenido de acciones en defensa del derecho de propiedad, comprendiendo, además de la acción propiamente reivindicatoria, -de carácter recuperatorio, dirigida a condenar al poseedor a reintegrar al dueño-, la acción declarativa de dominio -meramente declarativa- y cuantas acciones se encaminan a la inicial afirmación del derecho de propiedad, fijar el objeto sobre el que este recae, y hacer efectivo los derechos de gozar y disponer que constituyen la esencia del dominio, eliminando cuantos actos materiales o jurídicos se realicen en contra la afirmación del derecho o contra su efectividad práctica, incluyéndose por la doctrina la acción publiciana y la negatoria.

Ubicada pues la acción reivindicatoria entre las acciones protectoras del dominio, ha sido definida por la doctrina jurisprudencial como la acción que puede ejercitar el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, cuando éste último aparece desprovisto de título jurídico que justifique dicha posesión.

Se caracteriza por ser una acción con finalidad recuperatoria y de condena, pues en caso de ser estimada el demandado será obligado a restituir la cosa al actor, no teniendo carácter reivindicatorio la acción que no busque la condena del poseedor no propietario a devolver la cosa al propietario desposeído. La acción reivindicatoria es una acción de naturaleza real, que puede ejercitarse contra cualquiera que perturbe o lesione la relación en que el titular del derecho se encuentra con la cosa. Es una acción recuperatoria, pues su finalidad es obtener la restitución de la cosa. Es una acción de condena toda vez que la sentencia que se obtenga, si es favorable, condenará o impondrá al poseedor demandado un determinado comportamiento de restitución. La acción reivindicatoria fue la actio in rempor excelencia. Se refirió a una res corporalis (primitivamente la res mancipi), que adquiere en la reivindicatoria una sustantividad extraordinaria, ya que, como veremos, la cosa objeto de reivindicación ha de ser corporal y específica.

Según Albaladejo, la acción reivindicatoria persigue:1º, que sea declarado el derecho de propiedad de quien la interpone; 2º, que en consecuencia, le sea restituida la cosa sobre la que aquel recae. Sin embargo, para Lacruz, la declaración del derecho de propiedad no es un pronunciamiento propio de la acción reivindicatoria, puesto que puede que la titularidad del actor no resulte discutida, constriñéndose en puridad la controversia a la recuperación de la cosa que se haya indebidamente en posesión del demandado.

II. DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN DECLARATIVA DE DOMINIO

En línea con lo expuesto anteriormente, ambas son acciones protectoras del dominio, pero, mientras la acción declarativa de dominio tiende a proteger la propiedad, tratando únicamente de obtener una mera declaración o constatación de la titularidad del derecho que acalle a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga, no precisando para su viabilidad que el demandado sea poseedor, en cambio la acción reivindicatoria, en cuanto acción recuperatoria y de condena, no busca tan sólo que se declare la titularidad del derecho a favor del actor, (que para Lacruz, incluso puede quedar fuera de la controversia si no se discute) sino que, se dirige contra el demandado poseedor sin título a fin de que se le condene a devolver la cosa a su propietario. En conclusión, la acción reivindicatoria se utiliza como remedio frente a una privación o detentación posesoria, al objeto de recuperar la posesión perdida, y precisa que el demandado sea poseedor; la declarativa de dominio pretende tan sólo afirmar la titularidad del derecho del actor frente al que lo discute o se lo atribuye sin título que lo ampare, y, al no buscar la recuperación de la cosa, no exige que el demandado sea poseedor.

III. DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

Como dijimos, la protección del dominio se logra a través de varias acciones, todas diversas. Entre las mismas se encuentra la de deslinde, dirigida a individualizar el objeto del derecho, fijando sus linderos. La razón de ser de la acción de deslinde se encuentra en la confusión de linderos entre predios colindantes, siendo preciso que actor y demandado sean propietarios de los mismos y la confusión en un punto o línea de tangencia. De esta finalidad surge su distinta naturaleza respecto de la acción reivindicatoria pues, mientras ésta busca recuperar la posesión de la cosa de quién indebidamente la detenta, la de deslinde pretende individualizar el predio fijando sus linderos. Ocurre, no obstante, que siendo diferentes, en la práctica están estrechamente ligadas pues, como señala Montes Penadés, para reivindicar se exige que antes se acredite la identidad de la cosa, lo cual, en caso de fincas rústicas, impone fijar la situación, cabida y linderos, siendo así preciso deslindar primero para poder reivindicar ulteriormente ya que mientras continúe la incertidumbre en cuanto a los linderos de la finca, faltara el requisito de la perfecta identificación de la cosa, que es un requisito de la acción reivindicatoria.

IV. DIFERENCIAS CON LA TERCERÍA DE DOMINIO

La tercería de dominio persigue levantar el embargo trabado sobre el bien, mientras que la acción reivindicatoria la recuperación de la cosa objeto de reclamación, siendo doctrina consolidada que no son ciertamente identificables ambas acciones, puesto que la finalidad de la tercería no es la recuperación de la posesión de la cosa, sino el levantamiento del embargo trabado, sustrayéndolo al procedimiento de apremio. También es necesario poner de relieve que en la tercería de dominio corresponde al actor tercerista la carga de probar su condición de tercero, la titularidad del bien embargado y la adquisición, por tanto, del dominio sobre la cosa con anterioridad al embargo, por lo que es indudable analizar el título en el que funde su adquisición. De ahí que algunas sentencias modernas han admitido que existe una similitud más bien con la acción declarativa o que lleva implícita la misma.

V. REQUISITOS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Es doctrina jurisprudencial reiterada que para el éxito de la acción reivindicatoria es necesaria la concurrencia de los siguientes tres requisitos: prueba cumplida del dominio de la cosa que se reclama por parte del actor, identificación exacta de la misma y detentación o posesión de la cosa por el demandado. Veámoslos.

1. Título de dominio que acredite la propiedad del actor

El actor debe dar cumplida prueba de su dominio, mediante un título que acredite su propiedad sobre la cosa reivindicada, o mejor dicho, que justifique su adquisición. Según Manresa, la acreditación de la condición de propietario pasa por probar que ha mediado un hecho jurídico apto para dar existencia a aquella relación entre persona y cosa en que la propiedad consiste y que la persona que acciona es aquella que es sujeto de la relación.

  • 1. En cuanto a la primera cuestión, los hechos jurídicos a los que la Ley atribuye el efecto de adquirir el dominio son los llamados modos de adquirir a que se refiere el artículo 609 del Código Civil, (ocupación, ley, donación, sucesión testada e intestada, por consecuencia de ciertos contratos seguidos de tradición y por usucapión o prescripción adquisitiva). Especialmente tienen relevancia los tres últimos.
    • Sucesión testada e intestada. La apertura de la herencia no es suficiente título, salvo en caso de heredero único. El título de heredero no confiere atribución del dominio si no se acredita adecuadamente la atribución del bien pretendido heredar del patrimonio del causante. Es necesario por tanto que exista partición, pues sólo a partir de este acto especificador de derechos el derecho abstracto del heredero se convierte en un derecho concreto sobre determinados bienes del caudal hereditario, que podrá entonces reivindicar como propios.
    • Contratos seguidos de tradición. Sabido es que en la compraventa de bienes inmuebles la tradición tiene lugar de modo fingido con el otorgamiento de escritura pública, por lo cual, faltando esta, la mera existencia de documento privado de compraventa no otorga acción alguna al comprador ni puede esgrimirse como título acreditativo del dominio si no se justifica la tradición de la cosa vendida. Además el contrato que sirve de título ha de ser válido y existente; si el contrato es anulable, será eficaz como título acreditativo del dominio mientras no se anule, y obviamente, cuando se convalide por la falta de ejercicio de la acción de anulabilidad en plazo de cuatro años.
    • Prescripción. Dado que el requisito del título de dominio no se identifica necesariamente con la constancia documental del hecho generador, si no que equivale a prueba de la propiedad de la cosa en virtud de causa idónea de adquisición, sin duda, la usucapión o prescripción adquisitiva se encuentra dentro de estas. Así, la posesión de la cosa, en la forma, con los requisitos y durante el tiempo establecido en la ley, es título suficiente de dominio para ejercitar la acción reivindicatoria.Incumbiendo al reivindicante la prueba de su dominio, no puede sin embargo obviarse la importancia que a efectos de prueba tiene la presunción del párrafo primero del artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 1946, según el cual «A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo», previsión legal que lleva a un sistema de inversión de carga de la prueba, pues al demandante le basta probar su dominio mediante la inscripción registral, y habrá de ser el demandado quien tenga que combatir la legitimidad del título para destruir la presunción en que aquél se ampara, situación que conduce a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 1946, a cuyo tenor «no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad determinada sin que previamente, o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente». Esta previsión legal sólo es aplicable en los supuestos en que el éxito de la acción produzca como resultado el reconocimiento de un derecho incompatible con el contenido de la inscripción registral contradicho o cuando la acción que se ejercita persiga la nulidad de un título que haya causado inscripción registral.

      Es reiteradísima la jurisprudencia que afirma que las certificaciones del catastro no prueban la propiedad. No son tampoco títulos de dominio las inscripciones registrales cuando exista prueba en contrario que destruya la presunción iuris tantum que se establece en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 1946 a favor del titular registral. Tampoco es título de dominio hábil, según González Poveda, el Inventario Municipal, mero registro administrativo que, por sí sólo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la Corporación.

  • 2. En cuanto al reivindicante, sujeto de la relación jurídica de propiedad sobre la cosa que reclama, debe precisarse que, si bien el actor reivindicante debe acreditar que adquirió la propiedad de dicha cosa, (soportando las negativas consecuencias de la falta de prueba al respecto –artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil) ello no es suficiente para el éxito de la acción pues además, por su naturaleza recuperatoria, sólo está legitimado activamente el propietario que haya sido privado de la posesión de la cosa que reivindica (no lo está el propietario que continúa en la posesión). Es preciso por tanto, como se verá, que la cosa esté en poder del demandado.Aunque de ordinario el actor será propietario exclusivo, en caso de condominio (el derecho de propiedad pertenece a dos o más personas) mientras subsista la situación de indivisión cualquiera de los condueños puede también ejercitar válidamente esta acción si actúa en beneficio de la comunidad, y por esta misma razón, se reconoce igualmente legitimación al heredero que actúa en beneficio de la herencia yacente o de la comunidad hereditaria.

2. Identificación de la finca

El segundo presupuesto es que el demandante demuestre sin margen de duda la identificación de la finca que se reclama como propia, lo que implica la cumplida prueba de que el bien que se reivindica coincide o se corresponde en perfecta identidad con lo descrito en el título legitimador, coincidencia que supone que la realidad física de la finca se identifique con la que resulta del título.

Según reiterada jurisprudencia, la identificación, a efectos reivindicatorios, no consiste sólo en describir la cosa reclamada, fijando con precisión y exactitud la cabida y los linderos, sino que además ha de ser demostrado sin lugar a dudas que el predio topográficamente señalado es el mismo a que se refieren los documentos y demás medios de prueba utilizados, lo que implica un juicio comparativo entregado a la soberana valoración del tribunal de instancia con carácter fáctico. No basta por tanto una identificación puramente documental, sino que se precisa que esa descripción coincida con la realidad física del objeto reclamado.

Cuando se trata de bienes inmuebles, la identificación pasa por comprobar el nombre con que se designen las fincas, sus cabidas, linderos, y cuantos medios adecuados sean utilizados para la formación del juicio del Juzgador, tratándose de una cuestión de hecho lo referente a la identificación de la cosa reivindicada.

3. Demandado poseedor

El tercer requisito es que la finca en cuestión sea detentada o poseída por el demandado sin título jurídico que así lo autorice o con título cuyo efecto sea inferior al del reivindicante. En palabras de Diez-Picazo y Gullón Ballesteros esa posesión del demandado debe ser «actual e indebida».

La acción reivindicatoria puede ejercitarse contra toda clase de poseedores, no sólo contra el poseedor o detentador, sino también contra cualquier persona que tenga la cosa en su poder sin título o por concepto que haya de ceder ante el derecho de propiedad del actor, sea o no de buena fe.

Dada la naturaleza recuperatoria y de condena que tiene la acción reivindicatoria, sólo puede prosperar frente al poseedor actual de la cosa reclamada, pues sólo así, de ser estimada, puede ser obligado el demandado a devolverla a su legítimo propietario. En caso contrario, si el demandado no tuviera la cosa en su poder, nunca podría ser condenado a devolver lo que no posee. En consecuencia, la acción se formula contra el poseedor o los poseedores actuales, y en nada afecta a los poseedores anteriores, aunque también lo fueran indebidamente, pues sólo los actuales pueden ser obligados a restituir.

Incumbe al demandado probar el título posesorio que opone al reivindicante. El demandado que posee la cosa y se niega a restituirla puede ser poseedor de ella a título de dueño; y cuando oponga un título derivativo de adquisición, como una compra o un legado, en la lucha entre dos títulos dominicales contradictorios, el del demandante y el del demandado, se ha de determinar cuál de ellos es el válido y eficaz, pues ambos al mismo tiempo no pueden serlo. De ahí que la jurisprudencia, al exigir al reivindicante un «título justo, legítimo, eficaz y de mejor condición y origen, y por ello preferente al que ostente el demandado»advierte a aquél que «cuando éste (el demandado) ampara la posesión en que se encuentra en un título dominical más o menos firme, no podrá prosperar la acción reivindicatoria mientras el demandante … no pida y obtenga, en procedimiento previo o en el que haya promovido con la finalidad de reivindicar, según que ambos títulos tengan el mismo o distinto origen, la declaración de la invalidez o ineficacia del que al suyo se oponga».

VI. EFECTOS

1. En general

La acción reivindicatoria tiene una finalidad recuperativa de la cosa reclamada, y por ende, el éxito de la acción conlleva la condena al demandado a la restitución de la cosa, con sus frutos y accesiones. La condena relativa a los frutos ha de tomar en consideración el estado posesorio del demandado: si poseyó de buena fe, (lo que se presume, mientras no se declare expresamente por los tribunales su mala fe), el poseedor, de conformidad con lo previsto en el artículo 451 del Código Civil, hace suyos los frutos percibidos, estando obligado tan sólo a restituir los frutos y rentas que perciba desde que se interrumpió válidamente la posesión con la interpelación judicial (demanda del dueño reivindicante).

2. Excepción: supuestos de irreivindicabilidad

Como excepción a la regla general, existen supuestos en que, aún concurriendo los requisitos examinados para el éxito de la acción reivindicatoria, no va a tener lugar la restitución de la cosa. Esta excepción descansa principalmente en razones de seguridad jurídica y de protección de la buena fe de quien adquirió las cosas creyendo que eran del enajenante.

  • a) Cuando se trata de bienes muebles, opera el artículo 464.1 del Código Civil, según el cual «la posesión de bienes muebles equivale a título. Sin embargo el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea».Este precepto ha dado lugar a diversas interpretaciones:
    • Según la tesis romanista, nadie puede transmitir lo que no tiene; en consecuencia, si el poseedor de la cosa mueble la transmite, el tercer adquirente no adquiere el dominio a non domino, estando afectado por la acción reivindicatoria del dueño.
    • Para la tesis germanista, la posesión de buena fe de bienes muebles confiere ex lege la propiedad u otro derecho real. Por tanto, aunque el enajenante careciese de facultad de disposición, el adquirente a non domino se sitúa fuera del alcance de la acción reivindicatoria del dueño, salvo que éste hubiera perdido la cosa o hubiera sido privado de ella indebidamente, en cuyo caso sí procede la restitución al propietario, cumpliendo los siguientes requisitos:
    • · Si la cosa mueble perdida o sustraída se adquiere de buena fe en venta pública (subasta pública), sólo procede la restitución al propietario si éste paga al adquirente el precio dado por ella.
    • · Si la cosa está empeñada en Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno, procede la restitución al propietario previo abono por éste de la cantidad del empeño y los intereses vencidos.
    • · Si las cosas fueron adquiridas en Bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio en los artículos 85, 86, 324 y 545, regulando el primero de estos preceptos la llamada prescripción de derecho a favor del comprador de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público, que de este modo queda fuera del alcance de la acción reivindicatoria del dueño, pudiendo éste tan sólo ejercitar las acciones civiles y criminales que puedan corresponderle contra el vendedor que las enajenó indebidamente. Mismo carácter irreivindicable tiene la moneda con la que se pagan esas mercaderías en establecimientos abiertos al público (artículo 86 Código de Comercio), así como los títulos pignorados mientras no sea reembolsado el prestador (artículo 324 Código de Comercio) y las acciones sujetas a cotización en Mercado de Valores adquiridas por terceros de buena fe (artículo 545 Código de Comercio, según redacción dada por la disposición adicional 9ª de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores).
  • b) En cuanto a los bienes inmuebles, es aplicable el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de 1946, en cuya virtud «el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no constan en el mismo Registro».Cuando el poseedor no propietario accede al Registro de la Propiedad, creando así la apariencia de ser el verdadero titular, y un tercero de buena fe, confiando en la exactitud del Registro de la Propiedad (es decir, confiando en que sus asientos reflejan la realidad de los derechos, y que estos tienen el contenido que se afirma y pertenecen a los que aparecen en el Registro como titulares) adquiere a título oneroso ese derecho, y lo inscribe luego a su favor, es protegido frente a la reclamación que le dirija el verdadero propietario en la realidad extrarregistral, incluso por vía de acción reivindicatoria, sin perjuicio de la acción que pueda ejercitar el verus dominus contra el transmitente.

VII. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La tesis mayoritaria es que la acción reivindicatoria prescribe por el transcurso del plazo legalmente previsto para las acciones reales, con independencia de que la cosa haya sido o no usucapida por otra persona. Es decir, es posible una prescripción extintiva de la acción reivindicatoria separada e independiente de la prescripción adquisitiva.

De lo dicho se desprende que la acción para reivindicar la propiedad sobre bienes inmuebles prescribe a los treinta años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1963 del Código Civil, pero lógicamente, siempre que antes del transcurso de dicho plazo no se haya adquirido el dominio sobre la cosa inmueble por otra persona mediante usucapión, de 10 o 20 años (artículo 1957 CC), ya que si así fuera, obviamente no habría que esperar 30 años para que el dueño se viera imposibilitado de ejercitar la acción por prescripción extintiva, toda vez que cumplido el plazo de 10 años entre presentes o 20 años entre ausentes, la propiedad de dicha cosa estaría ya en manos del usucapiente, único legitimado a partir de entonces, como novus dominus, para reivindicarla.

VIII. ADDENDA DE ACTUALIZACIÓN

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2008 otorga la protección del tercero hipotecario, que adquiere una finca litigiosa en un procedimiento de apremio dirigido contra quien con anterioridad le había vendido al actor reivindicante. El tercero hipotecario protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria debe, pues, ser mantenido en su adquisición aunque con anterioridad a la misma el previo titular registral hubiera transmitido la finca al demandante.

Actio libera in causa

 

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«Actio libera in causa» o «actio libera in sua causa» es una expresión latina que puede traducirse como acto libre en su causa. Es aplicable dentro del ámbito jurídico penal, y concretamente en la teoría del delito para analizar la culpabilidad del agente.

La actio libera in causa es aplicable a los casos en los que el sujeto es incapaz de culpabilidad en el momento de la comisión de la infracción penal (por ejemplo, por sufrir un trastorno mental transitorio o un estado de intoxicación plena) pero en un momento anterior, cuando todavía no se encontraba en dicho estado, produjo dolosa o imprudentemente su propia incapacidad de culpabilidad. Esta causa de incapacidad no eximirá de pena cuando hubiesen sido provocados por el sujeto con el propósito de cometer el delito o cuando aquél hubiera previsto o debido prever su comisión.

Como ejemplo, de lo anterior, es decir de un acto culpable por traer su causa en la libre elección de inimputabiidad del agente será aquel supuesto donde el sujeto consume alcohol en cantidades que anulan o perturban sus facultades intelectivas y/o volitivas y bajo los efectos del alcohol mata a otra. El actio libera in causa reconoce que el sujeto no era inimputable al momento del injusto (acción típica y antijurídica) pero marca que esa inimputabilidad fue creada por el propio agente y analiza su culpabilidad en el momento anterior al estado de inimputabilidad.

LA ACCIÓN CONFESORIA

 

 

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GUÍAS JURÍDICAS


I. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO, A LA NATURALEZA Y AL ÁMBITO DE LA ACCIÓN CONFESORIA

La denominada en el derecho justinianeo «actio confessoria» es una acción principalmente declarativa de un derecho real limitado, es decir, declarativa de un gravamen impuesto sobre la propiedad de la cosa ajena. Esta acción tiene cabida entre las pretensiones declarativas a que se alude en el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como una de las posibles modalidades de tutela que cabe imprecar de los tribunales («se podrá pedir de los Tribunales… la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas,…».

Ante la falta de regulación expresa de este instituto en el derecho común, han sido la doctrina científica y la jurisprudencia las encargadas de profundizar en el concepto y en la naturaleza jurídica de esta acción, apreciando, curiosamente, bastantes similitudes entre la acción confesoria (que busca declarar la existencia de un derecho real limitativo de la propiedad, por ejemplo una servidumbre) y las acciones que, por el contrario, en su afán de preservar la integridad del dominio, lo presentan como libre, y excluyen la existencia de cualquier «ius in re aliena». De lo dicho se desprende que no es fácil comprender en toda su dimensión la acción confesoria sin partir del reverso de la misma moneda, que son las acciones protectoras de la propiedad, y más concretamente, la acción negatoria.

1. Protección del dominio

Si todo derecho real supone la existencia de un poder jurídico directo e inmediato de una persona sobre una cosa, es la propiedad en particular el derecho real que atribuye a su titular el señorío más amplio que se puede tener sobre una cosa. Pues bien, aunque en ningún caso se trata de un derecho absoluto -el propio artículo 348 del Código Civil lo concibe como sujeto a limitaciones, tanto de orden legal, (a las que expresamente hace referencia el primer párrafo de dicho precepto) como de naturaleza convencional (porque así lo pacten las partes), lo que vino a refrendar la Constitución Española de 1978, al mencionar la función social de la Propiedad como delimitadora de su contenido de acuerdo con la ley-, no cabe duda que el propietario, sin rebasar esos límites, puede gozar y disponer de la cosa, y, además preservarla de injerencias ajenas, sirviéndose de cuantas acciones protectoras la ley pone a su disposición, encaminadas a la inicial afirmación del derecho de propiedad, a fijar el objeto sobre el que este recae, y a hacer efectivo los derechos de gozar y disponer que constituyen la esencia del dominio, eliminando cuantos actos materiales o jurídicos se realicen en contra la afirmación del derecho o contra su efectividad práctica. En consecuencia, dispone el propietario de varias acciones para preservar la integridad y libertad de su derecho, entre las que destacan:

  • 1. La acción declarativa de dominio, acción meramente declarativa, dirigida a proteger el derecho de propiedad tratando de obtener una mera declaración que constate que el derecho pertenece al actor, y acalle al mismo tiempo al demandado que hasta entonces se atribuía, arrogaba o discutía esa realidad jurídica incierta, pero sin finalidad recuperatoria de la posesión, no dependiendo el éxito de la misma de que el demandado la tenga en su poder.
  • 2. La acción reivindicatoria, de carácter recuperatorio y de condena, es la acción que tiene el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario a fin de lograr su condena a reintegrar al propietario en la posesión despojada.
  • 3. La acción negatoria, que corresponde al propietario contra todo tipo de perturbaciones no posesorias que afecten a su derecho. Es la acción que busca defender la libertad del dominio, declarando la ausencia o inexistencia de gravámenes sobre él.

2. Protección de los derechos reales limitativos: la acción confesoria.

En efecto, así como el dueño de la cosa tiene derecho a preservarla de toda injerencia o perturbación externa, posesoria o no posesoria, y está facultado, cuando de perturbaciones no posesorias se trate, sean fácticas o jurídicas, para esgrimir la acción negatoria frente quien alegara, sin derecho a ello, que la propiedad en cuestión se encuentra gravada con un derecho real, (ius in re aliena), en justa correspondencia, el que afirma ser titular de un derecho real limitativo de la propiedad -verbigracia, servidumbre o usufructo- está también en disposición de defender la existencia de tal gravamen mediante el ejercicio de la acción confesoria. Es por esto que se trata de una acción que presenta similitudes con las acciones protectoras de dominio antes enumeradas, a pesar de que los fines de unas y otras sean contradictorios.

Parecidos con la acción declarativa de dominio: en la medida que la confesoria también es una acción declarativa o mero declarativa, si bien lo que postula es la declaración de un derecho real limitativo de la propiedad, precisamente para hacer cesar una situación de inquietación del mismo, pudiendo dirigirse contra cualquier persona que protagonice ese acto perturbador, incluyendo lógicamente al propietario (que suele ser el que tiene el mayor interés en negar su existencia).

Parecidos con la acción reivindicatoria: pues, aunque la acción confesoria es una acción mero declarativa, no obstante, nada empece a que, junto con el pronunciamiento declarativo que ponga fin a la incertidumbre, se pretenda también recuperar la posesión del derecho despojado, cancelar eventuales inscripciones contradictorias en el Registro, e incluso, la condena del demandado a pagar daños y perjuicios. No obstante, la doctrina jurisprudencial niega que la acción confesoria sea algo distinto que una acción meramente declarativa, «aunque a la declaración del derecho vaya unida la restitución o constitución efectiva del gravamen» (Sentencia de 18 de marzo de 1994).

Parecidos con la acción negatoria: es sin duda alguna la figura con la que guarda mayor aproximación, hasta el punto de que muchos autores hablan de ella como el reverso de la misma moneda. En palabras de Vilalta-Méndez, «mientras la acción negatoria es instrumento de defensa del derecho real más amplio -favorecido por la presunción general de que la propiedad se presume libre hasta que se pruebe lo contrario-, la acción confesoria de servidumbre se erige en defensa de un derecho real limitado, frente al que lo perturbe, se oponga o lo amenace -la mayor de las veces el propietario de la finca gravada-; y al suponer un límite a la potestad de goce y disfrute pleno de la propiedad, requerirá cumplida prueba de su existencia».

II. REQUISITOS DE LA ACCIÓN

1. Existencia de un derecho real limitado (ius in re aliena)

El actor que promueva una acción confesoria debe acreditar que ostenta un título de adquisición del derecho real limitado cuya tutela demanda, entendiendo título, según Manresa, en sentido amplio, esto es, como hecho jurídico apto para dar existencia a la relación jurídica entre persona y cosa que caracteriza al derecho real que defiende, y que la persona que acciona es aquella que es sujeto activo de la relación.

Lógicamente, asumiendo que no todos los derechos reales limitativos del dominio se adquieren de la misma manera, para determinar en qué va a consistir el esfuerzo probatorio del demandante habrá que estar al caso concreto. Así, es claro que no es igual ejercitar una acción confesoria de servidumbre que una acción confesoria con relación a otros cualesquiera reales, como el derecho de usufructo (el usufructurario, además de la acción petitoria contra el nudo propietario, dirigida a recuperar el uso o disfrute del que se haya visto despojado, y de la negatoria, frente a toda perturbación, tiene la acción confesoria, cuando de declarar existente el derecho se trata frente a quien lo discuta o lo niegue), en la medida que el usufructo se adquiere por ley, por voluntad de las partes en actos inter vivos o de última voluntad y por prescripción (artículo 468 del Código Civil) mientras que la servidumbre se adquiere en virtud de titulo, es decir, por negocio jurídico mortis causa o inter vivos (artículo 537 del Código Civil), prescripción adquisitiva o usucapión de veinte años si se trata de servidumbres continuas y aparentes (artículo 537 Código Civil), por signo aparente (artículo 541 del Código Civil) y por sentencia firme o escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente (artículo 540 del Código Civil, especialmente, a falta de título, en caso de servidumbres continuas no aparentes y discontinuas que no pueden adquirirse por prescripción).

Es necesario que el actor identifique en su demanda perfectamente el derecho real limitativo que pretende sea declarado como existente, y el dominio o propiedad ajena, sobre el que se encuentra constituido su gravamen.

2. Existencia de actos de lesión, perturbación o simple impedimento o inquietación en su ejercicio.

En la medida que al ordenamiento jurídico le interesa preservar derechos, situaciones o relaciones jurídicas controvertidas, tan sólo concede acción cuando existe tal incertidumbre o discusión acerca de la realidad de aquellas, no cuando nadie las niega o discute. En efecto, las acciones de naturaleza meramente declarativa, como la confesoria, precisan que «su utilización esté justificada por una necesidad de protección jurídica» (Sentencias de 22 de septiembre de 1944 y 10 de marzo de 1961), es decir, por el interés del actor en que se ponga en claro su derecho, al ser denegado o desconocido por el demandado, concediéndose únicamente la acción al demandante que sea titular de un interés legítimo en que la relación puesta en duda o controvertida sea inmediatamente aclarada. En suma, la jurisprudencia impone para ejercitar una acción meramente declarativa como la confesoria los siguientes requisitos:

  • a) Que exista duda o controversia en torno a la situación jurídica que propugna el actor, tan fundada que pueda temerse por su seguridad,
  • b) Que el peligro temido sea de tal naturaleza que la declaración judicial de existencia sea la única medida adecuada y posible para evitarlo,
  • c) Que la acción se dirija contra la persona que, de un modo serio, formal, deliberado y solemne, discute el derecho al titular o no se allana a reconocerlo,
  • d) Que el actor titular del derecho real limitativo de la propiedad ajena («ius in re aliena») no tenga el deber de soportar la perturbación, esto es, que el acto del demandado resulte ilegítimo.
  • e) Que tales actos de perturbación se lleven a cabo con cierto carácter de permanencia, pues de lo contrario sería tan sólo aceptable una acción indemnizatoria que resarciera del perjuicio producido.

3. Legitimación

– Legitimación activa

La demanda debe interponerse por el titular del derecho real limitativo, con la particularidad de que, si se encuentra en condominio, cualquier condueño puede procurar en juicio la tutela de dicho derecho, siendo innecesario que litiguen todos los comuneros (listisconsorcio activo), con la consecuencia de que, si la sentencia es favorable, beneficiará a todos ellos, pero si no lo es, sólo perjudicará al litigante, pudiendo los demás, no afectados por la cosa juzgada, promover un pleito ulterior con el mismo objeto.

-Legitimación pasiva

La acción confesoria debe dirigirse contra toda persona que discuta el derecho del actor, o se lo atribuya o no se allane a reconocerlo.

No obstante, algún sector doctrinal (Romero, Biondi) se permite distinguir entre el caso en que la acción confesoria busca la mera declaración del derecho real limitativo y el caso en que se pretenda además la condena del perturbador: en el primer caso se propugna la necesidad de que se demande al dueño, directamente afectado por el gravamen objeto de declaración, toda vez que todo «ius in re aliena» se conforma con parte de facultades dominicales que se desgajan de la propiedad para integrar el contenido de ese derecho real independiente de pertenencia ajena; en cambio, si se pretende también la condena, la acción confesoria podrá dirigirse contra cualquier persona que perturbe el gravamen real, ya sea el propietario o incluso el titular de otro derecho real limitativo que entre en colisión con el que se pretende tutelar por el actor.

III. EFECTOS

Como es normal en toda acción declarativa, el éxito de la confesoria determina el cese de la previa situación de incertidumbre en torno a la existencia y titularidad del derecho. Esta consecuencia es conforme con la doctrina que, manteniendo su naturaleza antitética respecto de la acción negatoria, considera que el fin único de la acción confesoria es obtener un pronunciamiento judicial favorable a la existencia del derecho cuestionado, sin que quepa hablar de los fines secundarios a los que apuntaban romanistas y pandectistas, pues sigue conservando su naturaleza declarativa aunque la declaración del derecho vaya unida a la restitución o constitución efectiva del gravamen, a la evitación del violaciones futuras o, incluso, al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la perturbación.

IV. PRESCRIPCIÓN

La acción confesoria, como acción real -dirigida a proteger un derecho de esta naturaleza- prescribe a los 30 años (artículo 1963 del Código Civil), no siéndole por ende de aplicación el plazo de prescripción de las acciones personales.

V. EN PARTICULAR: LA ACCIÓN CONFESORIA DE SERVIDUMBRE.

Sin lugar a dudas, la acción confesoria por antonomasia es la que se dirige a preservar el derecho real de servidumbre, hasta el punto que, como ocurre con la negatoria, los estudios de ambas clases de acciones suelen tomar como referencia tan sólo este derecho real y no otros posibles gravámenes jurídico-reales sobre la propiedad ajena. De ahí que gran parte de lo dicho en epígrafes anteriores sobre el concepto, requisitos y efectos de la acción confesoria pueda predicarse también de esta acción, cuando de declarar la existencia de una servidumbre cuestionada se trate.

En principio, por servidumbre, según el artículo 530 del Código Civil, ha de entenderse todo gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, o, en palabras del profesor Albaladejo «el poder real que una persona tiene sobre un predio ajeno para servirse de él parcialmente en algún aspecto», denominándose positiva a la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y negativa, la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que sería lícito sin la existencia del gravamen en que consiste la servidumbre. Se trata por tanto de un derecho real que grava la propiedad que una persona tiene sobre un fundo (predio sirviente o gravado por la servidumbre), ya sea, en el caso de las prediales, en beneficio de otro fundo (predio dominante o titular de la servidumbre) o, en el caso de las personales, en beneficio de una persona. Como cualquier derecho real, se trate de prediales o personales, representa un poder jurídico directo e inmediato sobre la cosa, si bien, al tratarse de un característico «ius in re aliena», el poder se ejerce sobre un inmueble (predio o fundo) de propiedad ajena, constituyendo la existencia misma del derecho de servidumbre una limitación del dominio, una reducción de las facultades dominicales de goce y disfrute, razón por la que el derecho de servidumbre se encuentra catalogado dentro de los derechos reales de goce.

Aunque no hay un contenido tipo del derecho de servidumbre, en la medida que cada modalidad atribuye unas facultades distintas, orientadas en función del interés que buscan satisfacer (vistas, paso, etc…), puede afirmarse con carácter general que el derecho real de servidumbre permite al titular del fundo dominante (el beneficiado por la servidumbre) no sólo ejercitar su derecho concreto y singular sobre el fundo sirviente, llevando a cabo las obras de reparación y conservación necesarias-, sino también, utilizar los mecanismos judiciales necesarios para garantizar el respeto del derecho y asegurar su efectivo ejercicio, entre los cuales, qué duda cabe, se encuentra la acción confesoria, acción declarativa del derecho real de servidumbre en situación de incertidumbre que busca obtener del órgano judicial una mera declaración que constate que el derecho pertenece al actor, y acalle al mismo tiempo al demandado que hasta entonces se atribuía, arrogaba o discutía esa realidad jurídica incierta

Los requisitos de la acción son los anteriormente enumerados, con las siguientes

1. Peculiaridades

En cuanto a la existencia del derecho de servidumbre, que ha de probar el actor ante la presunción de que la propiedad se presume libre, debe recalcarse que al demandante le basta con presentar el título de adquisición, el cual no tiene necesariamente que identificarse con contrato o negocio jurídico, sino con cualquier hecho jurídico apto para adquirirla, teniendo en cuenta que las servidumbres se adquieren por título o negocio jurídico, inter vivos o mortis causa (artículo 537 del Código Civil), pero también por prescripción adquisitiva o usucapión de veinte años si se trata de servidumbres continuas y aparentes (artículo 537 Código Civil), por signo aparente (artículo 541 del Código Civil) y por sentencia firme o escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente (artículo 540 del Código Civil, especialmente, a falta de título, en caso de servidumbres continuas no aparentes y discontinuas que no pueden adquirirse por prescripción). La existencia de signo aparente precisa para su apreciación: la existencia de dos predios pertenecientes al mismo dueño, un estado de hecho, durable y permanente, del que resulte por signos visibles y evidentes que uno de los fundos presta un servicio determinante de un gravamen al otro, que tal forma de exteriorización venga impuesta por el dueño común, que por su naturaleza esa situación deba constituir una servidumbre si uno de ellos pasa a ser propiedad de otra persona, y que la situación de hecho persista al tiempo de transmitirse a terceras personas cualquiera de dichas fincas sin que en la escritura de venta se diga nada en contra de la pervivencia del indicado derecho real.

La identificación más perfecta de las fincas dominante y sirviente.

El carácter durable o permanente del derecho limitativo (gravamen), de modo que no se trate de una situación puntual, coyuntural o aislada.

Que el fundo gravado o sirviente preste una utilidad, que es la razón de ser del derecho de servidumbre.

La sentencia que recaiga, fijará definitivamente que el fundo se encuentra en la situación jurídica de sirviente o libre (según se reconozca o no la servidumbre discutida).

La legitimación activa corresponde al titular del derecho de servidumbre, sea en cuanto dueño del predio dominante, o en atención a su persona, si de una servidumbre personal se trata, aplicándose también lo dicho en cuanto a la no necesidad de litisconsorcio activo en supuestos de condominio. Si sobre el predio dominante hay constituido un usufructo, la acción confesoria se atribuye al usufructuario, sin necesidad de litigar conjuntamente con el nudo propietario.

Prescripción. El plazo general es de 30 años. Sin perjuicio de ello, también cabe la extinción de la acción confesoria por prescripción extintiva como resultado, bien de la extinción del propio derecho real de servidumbre por prescripción adquisitiva de otro (Albadalejo) -lo que puede tener lugar en 20 años si se trata de servidumbre continua y aparente-, bien como resultado de la prescripción de la cosa o derecho (Diez Picazo). En principio, dada la diferencia de plazos que se fijan en el Código Civil, y que ha llevado a soluciones antitéticas, Vilalta-Méndez apoya que la única prescripción adquisitiva que perjudique al titular de las servidumbre en orden a impedirle promover una acción confesoria sea la que ganase el titular del predio gravado, o un tercero, por el trascurso del tiempo ostentando la cosa como libre.

La competencia territorial para el ejercicio de la acción viene determinada por el lugar donde se encuentra la cosa inmueble; en caso de ser varios, situados en diferentes circunscripciones, se estará al lugar de cualquiera de ellos (artículo 52, regla 1ª, Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de Enero).

2. Cataluña

La acción confesoria fue regulada en el artículo 5 de la Ley 13/1990, de 9 de julio, de la Acción Negatoria, Inmisiones, Servidumbres y Relaciones de Vecindad, actualmente derogada por la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales. La normativa derogada, en particular en su artículo 5-1 («el titular del predio dominante tendrá acción real para mantener y restituir el ejercicio de la servidumbre establecida para utilidad de su predio contra el titular del predio sirviente que se oponga a él»), contemplaba la acción confesoria como acción a la vez declarativa y de restitución, ya que se daba entre el que afirma y el que niega la existencia de la servidumbre, y por consiguiente, declarada la existencia y la situación contraria a la misma, trataba de restablecer la situación de hecho de conformidad con la situación jurídica, desprendiéndose de esta configuración dos efectos de la acción confesoria: por un lado mantener la servidumbre (aspecto declarativo de la acción), y por otro restituir el ejercicio de la servidumbre establecida (función restitutoria). La normativa actual prohíbe adquirir servidumbres por prescripción, limitando su constitución a la existencia de titulo, voluntario o legal. A la acción confesoria dedica el artículo 566.13 de la Ley 5/2006. según el cual:

«1. Los titulares de la servidumbre tienen acción real para mantener y restituir el ejercicio de la servidumbre contra cualquier persona que se oponga al mismo, que lo perturbe o que amenace con hacerlo.

2. La acción confesoria prescribe a los diez años del acto obstativo».

LA ACCIÓN REVOCATORIA O PAULIANA

 

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I. CONSIDERACIONES GENERALES: LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL DEL DEUDOR

En toda relación obligatoria resulta posible distinguir tres elementos: primero, un elemento personal o subjetivo, que alude a los sujetos, activo -acreedor- y pasivo -deudor- de la obligación; segundo, un elemento objetivo, que consiste en la prestación, objeto de la obligación, -que tiene derecho a exigir el primero y se obliga a cumplir el segundo-; y en tercer lugar, el denominado vínculo obligatorio, que está a su vez integrado por el débito -deber del deudor de cumplir la prestación objeto de la relación obligatoria-, y la responsabilidad, -sujeción del patrimonio del deudor al cumplimiento de aquella-, como garantía del acreedor.

La responsabilidad del deudor, patrimonial y universal, es la principal garantía con que cuenta el acreedor para la satisfacción de su derecho de crédito, y a ella se refiere expresamente el artículo 1911 del Código Civil, que afirma que el deudor responde del cumplimiento de las obligaciones contraídas con todos sus bienes presentes y futuros. Cuando se alude a sus características, se dice de ella que es meramente patrimonial, en cuanto que en nuestro ordenamiento actual no cabe la sujeción personal del deudor al cumplimiento de la obligación, aún cuando nuestro derecho histórico sí admitió largo tiempo la prisión por deudas. Y también que es universal, dado que no sólo alcanza a los bienes y derechos que conforman el patrimonio actual del deudor, sino que se extiende también a los que pasen a conformarlo en el futuro.

El artículo 1911 del Código Civil es un precepto de carácter obligatorio o de ius cogens, que no permite a las partes de la relación obligatoria convertir cláusulas de exoneración de responsabilidad para dejar intocable el patrimonio del deudor, ni cláusulas de agravación de la responsabilidad, en cuanto que, ya se ha dicho, es universal. Ni cabe tampoco pactar una limitación o reducción de la responsabilidad patrimonial salvo en el supuesto a que alude el artículo 140 de la Ley Hipotecaria (fijando que sean los bienes hipotecados, y ninguno más, los que respondan de la obligación garantizada). No obstante, lo que sí está permitido, al amparo de la libre autonomía de la voluntad contractual, es limitar los supuestos que dan lugar a responsabilidad.

Siendo la responsabilidad patrimonial universal del deudor la principal garantía con que cuenta el acreedor, nuestro ordenamiento articula distintos medios de protección del crédito inspirados en aquella, encaminados a lograr la satisfacción del acreedor cuando el deudor no cumple voluntariamente con aquello a que está obligado. Así, junto a la posibilidad que tiene el acreedor de reclamar directamente del deudor e iniciar un proceso a tal fin, haciéndose pago con lo percibido, el artículo 1111 del Código Civil contempla otros dos remedios para el caso de que su intento de lograr satisfacción persiguiendo el patrimonio del deudor se vea obstaculizado: las acciones subrogatoria y revocatoria o pauliana. Examinaremos la primera como paso previo al estudio de la que nos ocupa.

II. LA ACCIÓN SUBROGATORIA

El primer inciso del artículo 1111 CC dispone que «los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona». La acción subrogatoria es un instrumento que permite al acreedor, ante una actitud pasiva del deudor, hacer lo que éste debería haber hecho: ejercitar las acciones y derechos que le competían, y que le habrían permitido engrosar su patrimonio. Tiene esta acción un carácter indirecto (por ello llamado acción indirecta u oblicua) en cuanto que no permite al acreedor satisfacer su derecho de forma directa e inmediata, actuando sobre el patrimonio del deudor, sino que busca favorecer a éste, a fin de que tenga activo patrimonial suficiente para que sea el propio deudor el que satisfaga el crédito. Por lo expuesto, la viabilidad de esta acción precisa que el acreedor sea titular de un crédito, que tenga interés en subrogarse en la posición del deudor para ejercitar los derechos y acciones (reales o personales, no inherentes a su persona) que ostente frente a terceros, ante la actitud pasiva de éste, y que el deudor no tenga otros bienes con los que pueda responder, ya que la acción subrogatoria es de carácter subsidiario.

III. LA ACCIÓN REVOCATORIA O PAULIANA

1. Concepto y naturaleza

La acción revocatoria o pauliana, objeto del presente análisis, es el otro remedio que la ley concede en exclusiva a los acreedores, dotándoles del poder jurídico necesario para impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho de crédito. Viene a consistir en un remedio de carácter subsidiario a favor de los acreedores para proteger y lograr la efectividad de sus créditos en bienes del deudor demandado, siempre que a los acreedores no le resulte por otro medio posible el reintegro de la deuda, y supone la realidad de la existencia del crédito y la celebración por el deudor con posterioridad de actos de disposición patrimonial que atenten directa y frontalmente a dicho crédito, al que de este modo se le vacía de todo contenido en cuanto a su real percepción, en un actuar defraudatorio concebido y ejecutado con el indudable propósito de causar perjuicios y daños constatados al acreedor, debiendo darse también la concurrencia de que los bienes perseguidos no hayan pasado a tercero de buena fe. A ella alude el artículo 1111 CC, último inciso, cuando permite al acreedor, después de haber perseguido infructuosamente los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe «…también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho».

Se trata de un medio de protección del crédito más eficaz que el de la acción subrogatoria porque el acreedor se enfrenta a una actuación más desaprobada del deudor, ya que no se trata de reaccionar ante la mera pasividad o inactividad de éste, sino ante los actos fraudulentos cometidos en perjuicio de su crédito.

Su naturaleza es de acción rescisoria, refiriéndose a ella el artículo 1291.3º del Código Civil cuando habla de la rescisión de los contratos «celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba».

2. Requisitos

La acción pauliana, como acción rescisoria que deja sin efecto actos o contratos que originariamente fueron válidos (sólo los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse, artículo 1290 del Código Civil), por el hecho de realizarse en fraude de acreedores, es contemplada en el artículo 1111 CC en relación con el artículo 1291.3º del Código Civil, como medio de protección del crédito, cuyos requisitos, según se desprende de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se reducen a los dos siguientes: perjuicio del acreedor, que queda sin posibilidad de percibir su crédito (eventus damni) y sin ser preciso la previa declaración de insolvencia, lo cual implica la subsidiariedad de la acción; y fraude al derecho de crédito de que es titular el acreedor (consilium fraudis) sin que sea preciso la intención de dañar (animus nocendi) sino que basta la conciencia del perjuicio (sciencia fraudis), la cual se presume en los actos a título grauito (artículo 1297 del Código Civil).

– Perjuicio al acreedor (eventus damni)

Por perjuicio debe entenderse una disminución del patrimonio del deudor de tal entidad que el acreedor se quede sin la posibilidad de satisfacer su derecho actuando directamente sobre aquel, esto es, con los bienes y derechos del activo.

– Fraude (consilium fraudis)

A este requisito alude el propio artículo 1111 CC cuando exige que el acto haya sido «realizado en fraude de su derecho».

El acto de disposición patrimonial puede haber sido efectuado a título oneroso, es decir, a cambio de una contraprestación, o a título gratuito; en el primer caso, no es preciso que el deudor tenga intención de dañar (animus nocendi), siendo bastante la conciencia del perjuicio que causa (sciencia fraudis) y el adquirente, el conocimiento del perjuicio que dicho acto causa al deudor; si el acto de disposición es gratuito, es suficiente con la existencia de perjuicio al acreedor, pues el fraude se presume.

3. Sujetos

– Activo: acreedor

La cualidad de acreedor resulta elemento esencial en la aplicación del instituto. Pese a la estricta dicción de los artículos 1111 y 1291 del Código Civil, que hablan de «acreedores», no es preciso la actuación conjunta por varios titulares de créditos, ya que queda abierto su ejercicio a cualquier acreedor individual.

La referencia se circunscribe a los acreedores de obligaciones civiles, no a los naturales, pues no tendría mayor sentido otorgar la acción revocatoria a los acreedores naturales ya que se trataría de una protección desmesurada a quienes se encuentran en tan singular situación jurídica. Escribe Pacchioni que si el crédito no es otra cosa que un derecho sobre el patrimonio del deudor, considerado como objeto de su satisfacción, y la acción revocatoria un medio jurídico de reintegración de tales objetos para que los acreedores sean satisfechos, parece claro que el remedio revocatorio no puede venir atribuido a quienes aparezcan despojados de semejantes atribuciones. El acreedor natural, (como el que lo es por deuda de juego), no es persona que pueda exigir judicialmente el pago de lo debido al deudor ante el incumplimiento de éste, sino tan sólo un sujeto al que no se le puede reclamar la devolución de lo percibido del deudor -en caso de cumplir voluntariamente el deudor-, porque goza de la soluti retenti -irrepetibilidad de lo pagado-; en consecuencia, si no están en condiciones de reclamar judicialmente lo que se les debe, menos podrán todavía interferir por medios indirectos en la esfera jurídica del deudor, teniendo a su disposición un remedio como el revocatorio que permite impugnar los actos dispositivos fraudulentos del deudor al objeto de preparar una satisfacción de su crédito que luego no va a estar en condiciones de intentar. Si no puede actuar en vía principal sobre el patrimonio del deudor, tampoco podrá actuar en vía preparatoria, ni contar con medios tuteladores de un derecho que aparece despojado de su principal prerrogativa de poder intentar su satisfacción, ya que, como señala Pacchioni, si no cabe exigir su pago, no cabe tampoco actuar sobre el patrimonio del deudor al objeto de preservar la prestación debida o cuando menos el valor de la misma.

Por falta de requisito del perjuicio, no puede ejercitar esta acción aquel acreedor que tenga su crédito garantizado por otro medio (fianza, prenda, hipoteca…). Pues, como la acción pauliana es subsidiaria, no le haría falta acudir a ella al acreedor con crédito garantizado toda vez que no precisaría de medios de protección del crédito adicionales a la protección que dispensa por sí misma la garantía específica. Sin embargo, esta cuestión no ha sido siempre pacífica. Mientras que nunca se ha dudado de que la acción pauliana quedaba abierta a los acreedores ordinarios, durante tiempo se mantuvo discusión sobre si el remedio competía también al acreedor hipotecario o privilegiado, habida cuenta de que el mismo, al estar protegido por acciones mucho más severas y contundentes, escasamente tendrá necesidad de acudir a la tutela de la revocatoria. Así, mientras Fabro era de la opinión de que no había necesidad de otorgar al acreedor hipotecario la acción revocatoria, ya que el mismo no queda perjudicado por la venta fraudulenta del fundo hipotecado al estar dotado de una acción real para perseguirlo en manos de terceros adquirentes, contra esta postura argumentaron Voet, Perezio, Richerio y otros, que la circunstancia de ser acreedor privilegiado no puede incidir negativamente sobre la genérica concesión a los acreedores de la acción hipotecaria o de otra que le permita actuar erga omnes en relación a los actos dispositivos de su deudor y otra cosa diferente es que ese mismo acreedor, tan contundentemente dotado, esté asistido también del recurso, si así lo prefiere, de impugnar los actos fraudulentos del deudor que le ocasionen perjuicio, ya que, afirma Giorgi, si el acreedor hipotecario tiene remedios más seguros que la acción revocatoria, lo único que ello implica es que recurrirá raramente a la práctica de esta acción valiéndose antes de la facultad hipotecaria, pero no que carezca de aquel remedio ni que esté privado de la facultad de ejercitar dicha acción revocatoria cuando lo crea oportuno, aunque sólo fuera por aquello de que quien puede lo más puede lo menos.

Finalmente decir que el crédito debe ser anterior al acto fraudulento que lo perjudica, si bien O’Callaghan, entre otros, apunta que también es posible que el crédito nazca con posterioridad a la enajenación impugnada siempre que se pruebe «que el acto dispositivo se realizó en consideración al crédito futuro, y a fin de privar de garantías a un acreedor de próxima y muy probable existencia».

– Pasivo: deudor

Sujeto pasivo de esta acción lo es el deudor que ha protagonizado el acto fraudulento. Pero también los terceros adquirentes de los bienes a consecuencia de dicho acto, siempre que sean cómplices en el fraude (por conocer el fraude del deudor, presumiéndose este elemento en las enajenaciones gratuitas, pero no así en las onerosas, en que tendrá el actor que probarlo). Quedan a salvo de la acción los terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe.

4. Objeto

La impugnación afecta a todo tipo de actos jurídicos «que el deudor haya realizado» (artículo 1111 del Código Civil) siempre que concurran los requisitos de perjuicio para el acreedor y fraude.

En consecuencia, aunque por regla general la impugnación a que conduce la acción revocatoria afecta a contratos realizados en fraude de acreedores (artículo 1291.3º Código Civil), también puede extenderse a actos de constitución de un gravamen, derecho de obligación, o reconocimiento de deuda. También al pago hecho por el deudor en estado de insolvencia a cuenta de obligaciones «a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor a tiempo de hacerlo» (artículo 1292 del Código Civil). La renuncia en perjuicio de terceros podría, en hipótesis, dar lugar a la acción revocatoria; sin embargo, en la práctica no es así, porque esa conducta -renunciar a un derecho propio en perjuicio de otro- constituye el supuesto de hecho del artículo 6.2 del Código Civil, que la sanciona con la nulidad absoluta, radical o de pleno derecho.

5. Forma

Por su naturaleza rescisoria, el ejercicio de la acción pauliana sólo es posible judicialmente, en el proceso declarativo que corresponda según la cuantía.

6. Efectos

Debido también a su naturaleza rescisoria, el efecto jurídico propio de la acción pauliana es dejar sin efecto el acto o negocio jurídico impugnado por fraudulento, ineficacia que se retrotrae al momento en que fue perfeccionado. No obstante, se trata de una ineficacia relativa, pues sólo alcanza a lo necesario para preservar el crédito perjudicado, y, una vez garantizado éste, huelga la ineficacia del resto de acto.

La rescisión alcanza al tercero que celebró el acto con el deudor en fraude del crédito que ostenta el acreedor, pero únicamente si se realizó a título gratuito (por presumirse el fraude) o a título oneroso si se demuestra la complicidad del adquirente. Por último, la ineficacia se extiende a un subadquirente, cuya adquisición traiga causa de la anterior, si, a su vez, ésta segunda fue gratuita, o a título oneroso mediante la probada complicidad del subadquirente.

LA ACCIÓN PUBLICIANA

 

martinez-tovar-procurador


GUÍAS JURÍDICAS

I. CONCEPTO

La acción publiciana, «publiciana in rem actio« o «vindicatio utilis» en el Derecho Romano, fue originariamente un remedio concedido por el pretor Publicio (que dio nombre a la acción) a aquellos poseedores que, habiendo adquirido con buena fe y justo título una cosa, y encontrándose en trámites de adquirirla por usucapión, perdían la posesión de ella antes de usucapir, con el fin de que mediante dicha acción pudieran dirigirse contra cualquier detentador que tuviese un título inferior al actor. Así pues, la acción publiciana protege al poseedor de mejor derecho frente a otro poseedor de peor derecho.

Aunque, como se verá más adelante, algún autor ha puesto de manifiesto la relación que existe entre la acción publiciana y la reivindicatoria, (se la ha llegado a definir como reivindicación menor) hasta el punto de encuadrar aquella en el catálogo de acciones protectoras del derecho de propiedad, entre las que ocupa un lugar preponderante la reivindicatoria estrictu sensu (la propia jurisprudencia habla de la publiciana como acción no regulada en nuestro derecho pero, sin embargo, pacíficamente admitida para preservar el dominio, «como una de las facetas de la reivindicatoria», de la que «vendría a ser una subespecie», con efectos más restringidos) es notorio que se trata de acciones distintas, autónomas entre sí según el parecer mayoritario, con finalidad diferente, que por ello también difieren en cuanto a sus condiciones de ejercicio. La acción reivindicatoria, actio in rem por excelencia, acción protectora del dominio por antonomasia, es a la que se refiere expresamente la ley, artículo 348.2 Código Civil, cuando afirma que «el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla» configurándose por doctrina y jurisprudencia como una acción real de carácter recuperatorio, de condena, dirigida a condenar al poseedor no dueño a reintegrar al dueño no poseedor. En cambio la publiciana, protege, no al propietario sino al poseedor de mejor derecho frente a otro poseedor de peor derecho.

En atención a su diferente naturaleza y finalidad, se observan dos importantes diferencias: a) atendiendo a la legitimación activa, mientras el dominus, promovedor de la reivindicatoria debe probar su dominio -esto es, que adquirió por medio idóneo- el de la publiciana cumple con demostrar que tiene una posesión hábil para la usucapión, -es decir, para convertirse en dueño, aunque todavía no lo sea-; b) desde la óptica de quién puede ser demandado, mientras la reivindicatoria puede ejercitarse contra cualquier detentador no propietario, que perturbe o lesione la relación en que el titular del derecho de propiedad se encuentra con la cosa, en cambio la publiciana sólo puede ser dirigida con éxito contra el detentador sin título posesorio o con título inferior al del demandante.

En conclusión, en el derecho moderno se trata de una acción que protege al poseedor en concepto de dueño, cuando aún no ha consumado a su favor la usucapión, en razón de que la buena fe del poseedor legitima su título posesorio otorgándole un mejor o superior derecho a poseer, como el que tendría si realmente fuera ya dueño de la cosa poseída. Es pues la publiciana, una acción propiamente dirigida a preservar la posesión del usucapiente, que no el dominio, aunque el dominio pueda resultar protegido indirectamente, en la medida que la estimación de la acción publiciana pasa por reconocer el mejor derecho del poseedor, y conlleva la ficción de que había cumplido lo necesario para usucapir. En esta línea, señala González Poveda que su fundamento es la ficción de que el poseedor demandante había ya cumplido lo necesario para adquirir por usucapión. Conviene traer a colación que la usucapión -o prescripción adquisitiva- es un modo de adquirir el dominio y demás derechos reales sobre bienes, que se encuentra contemplado expresamente en el artículo 609 del Código Civil, («Pueden también adquirirse por medio de la prescripción»), y regulado de forma específica en los artículos 1940 a 1960 del Código Civil bajo la rúbrica «de la prescripción del dominio y demás derechos reales», preceptos éstos últimos que exigen para adquirir por usucapión la posesión de la cosa, en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpida (artículo 1941 del Código Civil), durante el tiempo determinado por la ley (artículo 1940 CC), fijando plazos de distinta extensión temporal según se trate de bienes muebles o inmuebles, y según concurra en el poseedor buena fe y justo título o falten estos -en concreto, para prescribir bienes muebles se necesita poseer durante tres años con buena fe y durante 6 sin ninguna otra condición (artículo 1955 del Código Civil); para prescribir bienes inmuebles, se requiere poseer durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, si concurren buena fe y justo título (artículo 1957 CC), y durante 30 años, sin más requisitos y sin distinción entre presentes y ausentes (artículo 1959 CC)-.

II. SUBSISTENCIA

Ciertamente, en la actualidad la cuestión más problemática es la de si la acción publiciana pervive en nuestro ordenamiento jurídico.

Las posturas doctrinales, según Montes Penadés, (al que se refiere también González Poveda), se pueden resumir en tres:

  • A) La acción publiciana subsiste como acción propia e independiente de la reivindicatoria. Como se dijo anteriormente, al hablar de las diferencias entre la acción publiciana y la reivindicatoria, la publiciana permite al poseedor despojado, no propietario, reaccionar frente al despojo, más allá de los límites del interdicto de recobrar. Sería la acción que compete al poseedor civil de una cosa contra el que la posee, con título o sin él, pero con menos derecho, para que la sea restituida con sus frutos y accesorias. Esta tesis es defendida por Diez Picazo, Puig Brutau y De los Mozos.Díaz Picazo argumenta a favor de considerar la acción publiciana como una acción real recuperatoria, independiente de la reivindicatoria, que «la solución negativa dejaría reducida la protección del poseedor despojado al simple interdicto de recobrar, con su perentoria prescripción anual», juicio sumario, de cognitio limitada, donde además se examina tan sólo el despojo y no los títulos o el mejor derecho a poseer, que quedarían sin enjuiciar. Por ello esta solución debe ser superada, permitiendo que a través de la acción publiciana se resuelva definitivamente la contienda entre dos poseedores, a favor de quien ostenta un mejor derecho a poseer, tras examinar y comparar los títulos de cada uno, añadiendo que «la afirmación del mejor derecho a poseer tiene en nuestro ordenamiento jurídico fundamento en una serie de preceptos legales, en los que puede apoyarse la acción en cuestión», y menciona el artículo 445 del Código Civil, que habla de un juicio en el que «se decide sobre la posesión», y el artículo 1658-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en el cual se aludía también a un pleito sobre la «posesión definitiva», identificable como el llamado en la legislación antigua «juicio plenario de posesión». Y en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero, en la medida que remite a un juicio verbal sumario la decisión sobre la tutela de la posesión, cuya sentencia no produce efecto de cosa juzgada, no habría impedimento para promover un juicio plenario ulterior, -ordinario o verbal, según su cuantía-, para dilucidar la cuestión de la posesión definitiva (acción publiciana).Para De los Mozos, la independencia de la acción publiciana se sustenta en las siguientes razones: 1ª. Corresponde esta acción al poseedor civil o de derecho, contra quien ostente un derecho inferior; 2ª. La posesión de buena fe requerida para su ejercicio no existe sino con base en un justo título, en el que deberá fundar su demanda; 3ª. No exige esta acción del actor la justificación de su dominio, por lo que la prueba resultará más fácil que la reivindicatoria, pero no tiene efectos tan concluyentes y definitivos, puesto que la sentencia que por su virtud recaiga no produce excepción de cosa juzgada en el pleito de propiedad; 4ª. La acción publiciana se entiende también concedida al dueño, no dentro del artículo 348.2 del Código Civil sino dentro del artículo 455 CC, en referencia, no a cualquier poseedor, sino al que posee como si fuera propietario, con buena fe y justo título.

    Finalmente, existe para Puig Brutau, un argumento más a favor de la acción publiciana: «debe tenerse en cuenta que la sentencia fundada en la prueba más rigurosa del dominio del actor sólo tiene fuerza de cosa juzgada entre él mismo y demandante (artículo 1252 del Código Civil); por lo que no excluye la posibilidad de que un tercero demande a su vez al que ha sido actor en otro litigio y le venza en el ejercicio de la acción reivindicatoria o declarativa de dominio. La sentencia recaída en el anterior litigio sólo habría tenido el valor de reconocer un mejor derecho a poseer del demandante frente al entonces demandado, incluso en un sistema jurídico que hubiese pretendido excluir el ejercicio de la acción publiciana».

    Esta orientación es seguida por las sentencias de 26 de octubre de 1931 y 6 de marzo de 1956, entre otras.

  • B) La acción publiciana no subsiste como acción independiente, sino que vive embebida en la reivindicatoria que, tal y como está construida por nuestra doctrina y por nuestra jurisprudencia, no exigiría la prueba rigurosa del domino sino que bastaría probar el mejor título del actor, que puede derivar de la mera posesión en cuanto crea una presunción de título.Esta es la doctrina sostenida principalmente por Castán Tobeñas, quien opina que «desde el momento que ha quedado atenuada, por obra de la doctrina científica y la Jurisprudencia, la exigencia de la prueba del dominio del actor, y se estima, muchas veces, que para ejercitar la reivindicación basta acreditar la preferencia del derecho del propietario sobre el del mero poseedor, puede afirmarse que la acción publiciana está en cierto modo embebida en la acción de dominio». Y Nuñez Lagos es de parecida opinión, distinguiendo dos clases de acciones reivindicatorias, la derivada de la usucapión consumada, que exige probar el dominio estricto, y la que «in vía usucapiendi» (en trance de adquirir por usucapión) se basa en la prueba del mejor título.Esta postura es seguida por la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1941, en la que se apoya la de 7 de octubre de 1982.
  • C) La acción publiciana no existe, carece de referencia o alusión en nuestro derecho positivo, e incluso de justificación porque una cosa sería suavizar la prueba del dominio del reivindicante, en lo que podía admitirse que fuera suficiente acreditar la probabilidad o la presunción de que el actor sea dueño, y otra cosa admitir que pueda reivindicar quien no es dueño sobre la base de que tiene mejor derecho que el actual poseedor. Esta postura es mantenida por Albaladejo, García Valdecasas, De Diego Lara y Traviesas, entre otros.Albaladejo, después de analizar las distintas opiniones, sostiene que la acción publiciana no está admitida en nuestro Derecho, ni como tal (niega que tenga su apoyo en el artículo 445 del Código Civil) ni como embebida o integrada en la reivindicatoria, pues una cosa es facilitar la prueba del dominio, y otra permitir que reivindique el que no pruebe (utilizando las facilidades que sea) ser dueño, en la medida que, a la vista del artículo 348. 2 del Código Civil («El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla), es preciso acreditar la titularidad dominical para el éxito de la acción reivindicatoria. Este mismo autor opina que su embebimiento en la reivindicatoria no necesita de más pruebas para ser negado, aunque matiza que otra cosa es que se diga que el papel de la antigua publiciana lo cumple hoy en la práctica una reivindicatoria en la que no se exija la prueba rigurosa del dominio. Entre los argumentos que entiende útiles para negar la existencia de esta acción en el derecho moderno señala: a) la protección posesoría, en cuanto hecho, se lleva a cabo mediante interdictos, b) la protección del derecho a poseer, depende de la relación jurídica de que emane tal derecho a poseer, pues si forma parte del derecho de propiedad, su protección será la que corresponda al dominio, y si el derecho a poseer viene dado por una relación de usufructo o de arrendamiento, la protección será la propia de estos.

III. JURISPRUDENCIA

La moderna Jurisprudencia admite la existencia de la acción publiciana, reconociendo su admisibilidad en nuestro ordenamiento jurídico como medio para defender el mejor derecho de poseer, unas veces como acción autónoma (1) de la reivindicatoria, y otras, como embebida en ésta (2), al suavizarse la exigencia de prueba del dominio reivindicado.

  • 1- La Sentencias de 30 de marzo de 1927 y 26 de octubre de 1931 se pronuncian a favor de un reconocimiento explícito de la acción publiciana, como acción autónoma, señalando la primera de ellas que esta acción, comprendida dentro de las protectoras del dominio con la reivindicatoria, declarativa de dominio, negatoria y ad exhibendum, lleva consigo la restitución de la cosa, con sus frutos accesorios y menoscabos, mientras que la segunda sentencia confirma su carácter autónomo admitiendo su ejercicio de forma subsidiaria con la reivindicatoria. En parecido sentido, la de 25 de enero de 1936. En la de 15 de febrero de 1991 la Sala Primera del Tribunal Supremo entiende que existe incongruencia en la sentencia de la Audiencia Provincial al entrar a examinar una acción publiciana que no fue ejercitada por los actores, quienes habían ejercitado la acción de mera declaración del carácter ganancial de determinados bienes, dentro de la cual no puede entenderse comprendida, como tiene declarado esta Sala respecto la acción reivindicatoria, la acción publiciana, «medio de carácter real recuperatorio». Finalmente, en la Sentencia de 29 de julio de 1998 se estima que la acción ejercitada por la Comunidad de Propietarios fue la publiciana, no la reivindicatoria.Parece pues que este criterio jurisprudencial, mayoritario, se decanta por dotar de entidad propia a la acción publiciana, con la consecuencia de que sólo puede ser estimada si se ejercita expresamente, ya de forma aislada o, subsidiariamente, respecto de la reivindicatoria, sin que haya lugar a su estimación cuando en la demanda no se haga alusión a ella por ejercitarse sólo la meramente declarativa o la reivindicatoria propiamente dicha.
  • 2- La de 21 de febrero de 1941 contempla la acción publiciana como faceta de la reivindicatoria, siguiendo este criterio la Sentencia de 7 de octubre de 1982, en que el Tribunal Supremo admite la existencia de la acción publiciana, como subespecie de la reivindicatoria, pero considera que no concurrían los requisitos para su estimación y que el recurso no guardaba relación con ella, desestimándolo, y la de 13 de enero de 1984, al considerar la publiciana como acción que corresponde al poseedor contra quien lo sea de peor derecho o contra el mero detentador.

LA USUCAPIÓN

 

martinez-tovar-procurador


GUÍAS JURÍDICAS


La usucapión, o prescripción adquisitiva, está considerada en el artículo 609 del Código Civil, como uno de los modos de adquirir la propiedad y los demás derechos reales, y puede definirse como la adquisición de éstos por su posesión continuada durante el tiempo y con las condiciones que fija la ley.

En términos generales y en cuanto a la capacidad para adquirir por este medio, señala el artículo 1931 del Código Civil que pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos, señalando el artículo 1933 del mismo que la prescripción ganada por un copropietario o comunero aprovecha a los demás. Respecto al objeto, son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres (artículo 1936).

Tradicionalmente se ha distinguido, además, según recaiga sobre bienes muebles o inmuebles, entre usucapión ordinaria y extraordinaria, según se posea con buena fe y justo título -en el primer caso- o simplemente se posea -si necesidad de éstos- durante el plazo que determina la ley. Dado que se trata de un modo de adquirir originario, puesto que se produce con independencia del derecho del anterior titular sin que éste lo transmita, al usucapiente no le afectan las limitaciones que tuviera el anterior titular, y aquél adquirirá el derecho tal como lo viene poseyendo, en el caso de la usucapión extraordinaria, y tal como lo ha poseído y determinan su buena fe y justo título, en la ordinaria.

A la usucapión ordinaria se refiere el artículo 1940 del Código Civil, que determina que para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. En lo tocante al requisito de la Posesión, establece el artículo siguiente, que ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida.

Se confirma así cuanto dispone el artículo 447 del Código Civil, a cuyo tenor sólo la posesión que se adquiere en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio. Naturalmente, si se trata de usucapir otro derecho real, la posesión hará falta poseer en concepto de titular del mismo (usufructuario, p.e.). Ha de tenerse en cuenta que no aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño (artículo 1942).

Que sea pública exige que, tanto al inicio de la posesión como durante todo el tiempo de la misma, se haga visiblemente y sin ocultación, a fin de que pueda ser conocida por aquél a quien pueda perjudicar. A estos efectos ha de tenerse en cuenta que el artículo 444 del Código Civil determina que los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión y que el artículo 35 de la Ley Hipotecaria establece que “a los efectos de la prescripción adquisitiva a favor del titular inscrito… se presumirá que aquél ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes traiga causa”.

Se exige, como se ha visto que la posesión sea ininterrumpida. A tales efectos los artículos 1943 a 1948 del Código Civil disponen que la posesión se interrumpe, para los efectos de la prescripción, natural o civilmente. Se interrumpe naturalmente la posesión cuando por cualquier causa se cesa en ella por más de un año. La interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de Juez incompetente. Se considerará no hecha y dejará de producir interrupción la citación judicial: 1º) Si fuere nula por falta de solemnidades legales.2º) Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia. 3º) Si el poseedor fuere absuelto de la demanda. También se produce interrupción civil por el acto de conciliación, siempre que dentro de dos meses de celebrado se presente ante el Juez la demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada. Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño, interrumpe asimismo la posesión.

El principio básico de la usucapión en el Registro de la Propiedad lo establecen los artículos 462 y 1949 Código Civil; el primero de ellos sienta la base de que «la posesión de las cosas inmuebles y de los derechos reales no se entiende perdida ni transmitida para los efectos de la prescripción (usucapión), en perjuicio de tercero, sino con sujeción a lo dispuesto por la Ley Hipotecaria»; el segundo de aquellos preceptos establece: «contra un título inscrito en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o derechos reales, en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo». Sí cabe en perjuicio del tercero la usucapión extraordinaria, aún cuando no sea por virtud de título inscrito, y cabe la usucapión ordinaria contra el tercero por virtud de título inscrito.

La figura del tercero hipotecario hace referencia a la relación que surge del contenido del propio Registro de la Propiedad y su ámbito no es una relación interpersonal, en la que toda persona ajena a la misma puede ser considerado como tercero, sino el contenido del Registro, es decir la situación reflejada en el mismo; en este sentido, el precepto fundamental en esta materia es el artículo 34 párrafo 1.º Ley Hipotecaria, del que se desprende que es tercero registral quien adquiere un inmueble u otro derecho real, a título oneroso y de buena fe, de quien en el Registro figura como legítimo titular del dominio o de aquel derecho real y, por tanto, con facultades para transmitirlo, e inscribe, a su vez, su adquisición en el Registro. Esa buena fe consiste en el desconocimiento de la posible inexactitud del Registro, por discrepar el contenido de éste de la realidad extrarregistral, aunque en dicho Registro no conste tal realidad material, buena fe que se presume, salvo prueba en contrario.

Así adquirido el bien o el derecho real, el tercero, que actúa amparado en la fe pública registral, no puede verse afectado por actos que no consten en el Registro y sean anteriores a su adquisición, protección que surge de la inscripción, no contradicha, en la que se apoya aquel tercero, inscripción que supone para él una presunción iuris et de iure de la exactitud del contenido del Registro, aunque ello no coincida con la realidad extrarregistral, y aunque el contenido del Registro sea inexacto o resulte nulo el título del transmitente, si los terceros adquirentes lo desconocían.

Ahora bien, la usucapión contra el Registro se establece en el artículo36 de la Ley Hipotecaria al señalar que «Frente a titulares inscritos que tengan la condición de terceros con arreglo al artículo 34 sólo prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse dentro del año siguiente a su adquisición, en los dos supuestos siguientes: a) Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta a su adquirente. b) Siempre que, no habiendo conocido ni podido conocer, según las normas anteriores, tal posesión de hecho al tiempo de la adquisición, el adquirente inscrito la consiente, expresa o tácitamente, durante todo el año siguiente a la adquisición. Cuando la prescripción afecte a una servidumbre negativa o no aparente y ésta puede adquirirse por prescripción, el plazo del año se contará desde que el titular pudo conocer su existencia en la forma prevenida en el apartado a), o, en su defecto, desde que se produjo un acto obstativo a la libertad del predio sirviente. La prescripción comenzada perjudicará igualmente al titular inscrito, si éste no la interrumpiere en la forma y plazo antes indicado, y sin perjuicio de que pueda interrumpirla antes de su consumación total.»

Al requisito de “la buena fe” se refieren los artículos 1950 y 1951 del Código Civil, que establecen que la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio y que las condiciones de la buena fe exigidas para la posesión en los artículos 433, 434, 435 y 436 de este Código son igualmente necesarias para la determinación de aquel requisito en la prescripción del dominio y demás derechos reales (se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario. La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. La posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente. Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario).

El artículo 1952 define el “Justo Título” como aquel “que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate”. Por tanto, ha de referirse al objeto de cuya usucapión se trate, no otro, y ha de ser en principio hábil o apto para transmitirlo en abstracto (no lo sería por ejemplo, cuando se trate de constituir un depósito). Tal título, como establece el artículo 1953 del Código Civil, ha de ser verdadero y válido. La usucapión despliega su eficacia en las transmisiones procedentes de quien no es dueño. La validez conlleva que no concurre el requisito si el título es nulo, y si es anulable, no habrá usucapión si se anula antes de que ésta se consuma o si se impugna después, se deja la misma sin efecto retroactivamente. Y como señala el artículo 1954 del Código Civil, el justo título debe probarse; no se presume nunca. Si bien, que el artículo 35 de la Ley Hipotecaria establece que “a los efectos de la prescripción adquisitiva a favor del titular inscrito… será justo título la inscripción…”

Cuando se trata de la usucapión ordinaria de bienes muebles, señala el artículo 1955 que el dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe. Cuando se trata de bienes inmuebles, los artículos 1957 y 1958 señalan que el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. Para los efectos de la prescripción se considera ausente al que reside en el extranjero o en ultramar. Si parte del tiempo estuvo presente y parte ausente, cada dos años de ausencia se reputarán como uno para completar los diez de presente. La ausencia que no fuere de un año entero y continuo, no se tomará en cuenta para el cómputo.

Respecto a la prescripción o usucapión extraordinaria, señala el artículo 1959 del Código que “se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539 (las servidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, sea o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título)”. Y el artículo 1955 establece que también “se prescribe el dominio de las cosas muebles por la posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de ninguna otra condición”.

Respecto a los bienes muebles ha de tenerse en cuenta, conforme a los artículos 1955 y 1956 que en cuanto al derecho del dueño para reivindicar la cosa mueble perdida o de que hubiese sido privado ilegalmente, así como respecto a las adquiridas en venta pública, en Bolsa, feria o mercado, o de comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo dispuesto en el artículo 464 de este Código (la posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título). Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea. Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella. Tampoco podrá el dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con autorización del Gobierno obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la hubiese empeñado, sin reintegrar antes al Establecimiento la cantidad del empeño y los intereses vencidos. En cuanto a las adquiridas en Bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio), y que las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta, o su pena, y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta.

En la computación del tiempo necesario para la prescripción se observarán las reglas siguientes:

  • El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción, uniendo al suyo el de su causante.
  • Se presume que el poseedor actual, que lo hubiera sido en época anterior, ha continuado siéndolo durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario.
  • El día en que comienza a contarse el tiempo se tiene por entero; pero el último debe cumplirse en su totalidad (artículo 1960 del Código Civil).

¿QUÉ ES LA EVICCIÓN?

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GUÍAS JURÍDICAS


La evicción (evincere) es la pérdida del derecho que sufre el comprador por una sentencia condenatoria en virtud de un derecho anterior a la compra. El comprador puede exigir el saneamiento al vendedor, que tiene una obligación de responder.

De conformidad con el artículo 1461 del Código Civil dos son las obligaciones esenciales del vendedor, la de entrega de la cosa y la del saneamiento. Ahora bien, dentro de la obligación de saneamiento se comprende el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos, es decir, como señala la doctrina no hay saneamiento y evicción, sino que aquella es el género (obligación de saneamiento) y ésta es la especie (evicción).

En consecuencia, la obligación de saneamiento, implica que el vendedor está obligado a proporcionar al comprador la posesión pacífica y las características aparentes de la cosa objeto de la venta. Así, el artículo 1474 del Código Civil establece «en virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1.461, el vendedor responderá al comprador:

1º.- De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.

2º.- De los vicios o defectos ocultos que tuviere».

Las normas establecidas en el Código Civil para el saneamiento (por evicción o por vicios o defectos ocultos) del contrato de compraventa son aplicables, por remisión expresa o implícita, a la permuta (artículo 1540 y 1541 Código Civil), al arrendamiento (artículo 1553 Código Civil), a la cesión de créditos (artículo 1529 Código Civil), a la enfiteusis (artículo 1643 Código Civil) a la sociedad (artículo 1681 Código Civil), y a la partición de la herencia (artículos 1069 y 1071 Código Civil), y fuera del Código Civil en la Ley Sociedades Anónimas (artículo 31) y Ley Sociedades de Responsabilidad Limitada (artículo 8).

I. SANEAMIENTO POR EVICCIÓN

El saneamiento por evicción implica la obligación del vendedor de proporcionar al comprador la posesión pacífica de la cosa objeto de la venta (artículo 1474.1º Código Civil), y se regula en el Código Civil en los artículos 1.475 a 1.483. Por lo tanto, se producirá la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada (artículo 1475 párrafo primero Código Civil).

Es un caso de no ejecución del contrato que obliga tanto al vendedor como a sus herederos (tal y como se deriva del artículo 1257 Código Civil), aunque no a los transmitentes anteriores.

1. Requisitos

  • a) Que se prive al comprador total o parcialmente de la cosa objeto de la venta y los efectos, según se trate de una privación total o parcial serán distintos. Ha de tratarse de una verdadera privación pues, si se tratare de una perturbación en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo, los efectos no son los de la evicción sino los del artículo 1502 del Código Civil.
  • b) La privación ha de serlo en virtud de sentencia firme. Este requisito que recoge en el artículo 1475 párrafo primero y se reitera en el artículo 1480 «el saneamiento no podrá exigirse hasta que haya recaído sentencia firme, por la que se condene al comprador a la pérdida de la cosa adquirida o de parte de la misma». La frase «sentencia firme» debe ser interpretada en sentido amplio, para incluir resoluciones administrativas recaídas para hacer efectivas responsabilidades a que los bienes estén efectos a favor de Hacienda o entidades asimiladas (Sentencias Tribunal Supremo 28 de junio y 5 de diciembre de 1966).
  • c) Notificación de la demanda de evicción al vendedor. Tal y como establece el artículo 1481 del Código Civil «el vendedor estará obligado al saneamiento que corresponda, siempre que resulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador. Faltando la notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento». La notificación al vendedor deberá de efectuarse en la forma establecida en el artículo 1482 al disponer «el comprador demandado solicitará, dentro del término que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala para contestar a la demanda, que ésta se notifique al vendedor o vendedores en el plazo más breve posible. La notificación se hará como la misma ley establece para emplazar a los demandados. El término de contestación para el comprador quedará en suspenso ínterin no expiren los que para comparecer y contestar a la demanda se señalen al vendedor o vendedores, que serán los mismos plazos que determina para todos los demandados la expresada Ley de Enjuiciamiento Civil, contados desde la notificación establecida por el párrafo primero de este artículo. Si los citados de evicción no comparecieren en tiempo y forma, continuará, respecto del comprador, el término para contestar a la demanda».Tales preceptos no serán de aplicación cuando el vendedor ya tenía conocimiento de la demanda de evicción o cuando el vendedor también sea demandado en el mismo juicio. En los mismos se configura lo que por la doctrina procesal se denomina como «llamada en garantía», que es el supuesto más típico de intervención de terceros en el proceso, y producirá sus efectos aunque el vendedor notificado en forma no comparezca en juicio, desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 supuesto de intervención provocada a instancia del demandado a los efectos del artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que el artículo 1.482 del Código Civil se interpreta en relación al citado precepto procesal.
  • d) La privación acordada en sentencia firme tiene que ser en virtud de un derecho adquirido con anterioridad a la entrega de la cosa vendida.Ahora bien, las partes también pueden pactar la ampliación o supresión de saneamiento por evicción, con base al principio de autonomía de la voluntad, aunque de no haberse previsto el vendedor deberá de responder por evicción. Así se desprende de los párrafos segundo y tercero del artículo 1475 que establecen «el vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal del vendedor».

    Si se produce la ampliación, nos encontraremos ante el establecimiento de una cláusula penal. Si se renuncia, el Código Civil establece una serie de disposiciones especiales, por cuanto será nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre que hubiere mala fe de su parte (artículo 1476 Código Civil). Se entenderá que hubo mala fe cuando el vendedor conocía las causas que dan lugar a la evicción. Excepción hecha de los casos de nulidad, el artículo 1477 del Código Civil distingue dos supuestos, según que se trate de una renuncia simple o cualificada. Si la renuncia fuera simple, llegado el supuesto de evicción, deberá el vendedor entregar únicamente el precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción. Si la renuncia fuera cualificada, es decir, el comprador hubiese hecho la renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias; en tal caso, el vendedor estará exento de toda clase de obligación y responsabilidad, por cuanto el comprador hizo la renuncia a sabiendas de sus consecuencias.

2. Efectos

Serán distintos según que se trate de un supuesto de evicción total o parcial y, a su vez, el Código Civil establece el supuesto especial cuando la finca estuviera gravada con una servidumbre no aparente.

a) Evicción total

Los efectos se establecen en el artículo 1478 «cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor:

1.º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta.

2.º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio.

3.º Las costas del pleito que haya motivado la evicción, y, en su caso, las del seguido con el vendedor para el saneamiento.

4.º Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.

5.º Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe.»

b) Evicción parcial

Sus efectos vienen determinados por el artículo 1479 al establecer «si el comprador perdiere, por efecto de la evicción, una parte de la cosa vendida de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera comprado, podrá exigir la rescisión del contrato; pero con la obligación de devolver la cosa sin más gravámenes que los que tuviese al adquirirla. Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas conjuntamente por un precio alzado, o particular para cada una de ellas, si constase claramente que el comprador no habría comprado la una sin la otra».

Por lo tanto, la rescisión no se producirá en todo caso, sino que ha tenerse en cuenta la importancia de la parte perdida en relación al todo, o la importancia para el comprador de la cosa perdida, si fueren dos o más las adquiridas.

c) Servidumbre no aparente

Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente. Durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria, o solicitar la indemnización. Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización dentro de un período igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre (artículo 1483 Código Civil).

La doctrina sin embargo entiende que no se trata de un supuesto de saneamiento por evicción sino por vicios ocultos, por cuanto se ha de incluir entre los casos de rescisión del artículo 1291.5º del Código Civil, y presupone, por lo tanto, un contrato válidamente celebrado (artículo 1290 Código Civil). A este supuesto se ha equiparado, por razón de analogía, al supuesto de venta de terrenos para edificar, pero comprobándose con posterioridad que el terreno no es susceptible de edificación.

Son requisitos para que se produzca el saneamiento que la finca esté gravada con una carga o servidumbre y que sea oculta, que no se mencione en el momento de la perfección del contrato, ya sea en la escritura del artículo 1483, o de cualquier otro modo (escritura pública, documento privado o acuerdo verbal), pues de estarlo no se daría el requisito; el comprador no ha de tener conocimiento de su existencia, la carga o servidumbre ha de ser no aparente, y por último, no ha de constar en el Registro de la Propiedad, al presumirse que lo inscrito es conocido por todos.

También, conforme a la dicción del artículo 1483 ha de ser de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido.

A estos requisitos se refiere la Sentencia Tribunal Supremo 26 de diciembre 2002 «Dicho lo anterior, es cuando debe entrar en juego lo dispuesto en el artículo 1483 Código Civil, pues en dicha relación fáctica se dan los requisitos necesarios para la aplicación de tal precepto, como son: a) Que se venda una finca gravada con alguna carga o servidumbre no aparente; b) Que no se concrete tal carga o servidumbre en la escritura de transmisión, y c) Que deba presumirse que de haberse conocido tal gravamen el comprador no hubiera adquirido la finca en cuestión (así se proclama en la sentencia de esta Sala de 25 Abril 1983)».

En cuanto a los efectos los mismos se establecen en el artículo 1483 del Código Civil, por cuanto el comprador podrá pedir la rescisión del contrato (acción redhibitoria), a no ser que prefiera la indemnización correspondiente (acción estimatoria).

El plazo, que es de caducidad, será de un año a contar desde el otorgamiento de la escritura, y de no haberse ésta otorgado desde la fecha de la perfección del contrato (por documento privado o verbal). Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización dentro de un período igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre.

II. SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS

La obligación de saneamiento por vicios ocultos viene determinada, con carácter general, en el artículo 1484 del Código Civil al establecer «el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos».

La obligación de saneamiento por vicios ocultos es independiente del conocimiento de los mismos por parte del vendedor «aunque los ignorase» según la dicción del artículo 1485 párrafo primero; ahora bien, esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido (artículo 1485 párrafo segundo Código Civil).

En los supuestos de los artículos 1484 y 1485 el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional el precio, a juicio de peritos (artículo 1486 párrafo primero Código Civil). Aunque si el vendedor tenía conocimiento de los vicios y no los manifestó al comprador, su responsabilidad se agrava (artículo 1486 párrafo segundo Código Civil)

1. Requisitos

Son los que se derivan del artículo 1484 del Código Civil, y son los siguientes:

a) La existencia del vicio oculto

Por vicio se ha de entender todo defecto o anomalía no manifiesta en la cosa vendida por la cual se distingue la cosa que lo padece de las de su misma especie y calidad. Se entenderá que se trata de un vicio oculto cuando no fuera conocido por el adquirente, ni pudiera conocerlo por la simple contemplación de la cosa, teniendo en cuenta la preparación técnica (profesión u oficio) del sujeto al efecto.

b) El vicio ha de ser grave

La gravedad del vicio vendrá dada si hacen la cosa impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; es decir, que no se trata de que hagan la cosa inútil para todo uso, sino para aquél que motivó su adquisición; a su vez, la gravedad ha de ser apreciada según las circunstancias del caso.

c) Preexistencia del vicio

El vicio ha de ser anterior a la adquisición, por lo que el vendedor no responderá de los vicios posteriores a la perfección del contrato de compraventa.

2. Efectos

El comprador perjudicado por los vicios o defectos ocultos, tal y como establece el artículo 1486 párrafo primero, podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó (acción redhibitoria, denominada así por suponer la devolución de las prestaciones), o bien optar por rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos (acción estimatoria o «quantum minoris»). Ahora bien, si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción (acción redhibitoria o estimatoria) y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión (artículo 1486 párrafo segundo Código Civil), aunque la indemnización por daños y perjuicios no será de aplicación en los supuestos de subastas judiciales (artículo 1489 Código Civil).

Además de esa opción, el Código Civil prevé el supuesto extremo de que la cosa se pierda por razón de los vicios o defectos ocultos, distinguiéndose según el conocimiento que de ellos tuviera el vendedor. De esta manera el artículo 1487 establece «si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el precio y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador».

Si la pérdida se produce por caso fortuito o por culpa del comprador, podrá éste reclamar del vendedor el precio que pagó, con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse. Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses (artículo 1488 Código Civil).

El artículo 1490 establece el plazo de 6 meses, a computar desde la entrega de la cosa, para el ejercicio de las acciones derivadas de los derechos antes citados, plazo que la doctrina y la jurisprudencia entienden que es de caducidad. Aunque dichos plazos no son de aplicación cuando se trata de defectos que frustran la finalidad de la compraventa, así Sentencia Tribunal Supremo 19 de mayo 2003 señala que «es evidente que los defectos que hacen inhabitable el inmueble adquirido no son meras imperfecciones que no lo impiden, sino que frustran la finalidad perseguida por la compraventa, y así lo ha declarado reiteradamente esta Sala (así las de 6 de marzo 1985 y 6 de abril 1989, entre otras muchas). Tales vicios son cuantiosas humedades por capilaridad ascendente del suelo, que han aparecido varios años después de procederse a la venta del inmueble. Sería enormemente injusta la aplicación del artículo 1484 a unos vicios que está probado que se ponen de relieve con el tiempo, no dentro del reducido plazo de seis meses que concede el Código Civil para la acción de saneamiento por vicios ocultos (artículo 1490), y que son causa de una ruina potencial del inmueble, que tiene su tratamiento legal propio y específico en los artículos 1101 y 1591 del Código Civil».

III. VICIOS OCULTOS DE ANIMALES Y GANADOS

El Código Civil dispone en su artículo 1491 que «vendiéndose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado, sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio redhibitorio de cada uno dará solamente lugar a su redhibición, y no a la de los otros, a no ser que aparezca que el comprador no habría comprado el sano o sanos sin el vicioso. Se presume esto último cuando se compra un tiro, yunta, pareja o juego, aunque se haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que lo componen».

1. Requisitos

También contiene el Código Civil normas especiales para la acción de saneamiento por vicios ocultos de los animales. Para ello se exigen los siguientes requisitos:

  • Que se trate de un vicio oculto. A tal efecto el artículo 1495 establece «cuando el vicio oculto de los animales, aunque se haya practicado reconocimiento facultativo, sea de tal naturaleza que no basten los conocimientos periciales para su descubrimiento, se reputará redhibitorio. Pero si el profesor, por ignorancia o mala fe, dejara de descubrirlo o manifestarlo, será responsable de los daños y perjuicios».
  • La acción redhibitoria en las ventas de animales sólo se podrá ejercitar respecto de los vicios y defectos de los mismos que están determinados por la ley o por los usos locales (artículo 1496 párrafo segundo Código Civil).
  • La acción redhibitoria que se funde en los vicios o defectos de los animales, deberá interponerse dentro de cuarenta días, contados desde el de su entrega al comprador, salvo que, por el uso en cada localidad, se hallen establecidos mayores o menores plazos (artículo 1496 párrafo primero Código Civil). Es un plazo es de caducidad.

Ahora bien, el saneamiento por los vicios ocultos de los animales y ganados no tendrá lugar en las ventas hechas en feria o en pública subasta, ni en la de caballerías enajenadas como de desecho, salvo el caso previsto en el artículo 1494 para el supuesto de ventas de ganados y animales que padezcan enfermedades contagiosas (artículo 1493 Código Civil).

El Código Civil, por razones de orden sanitario y de orden público, y por considerarlos fuera del comercio no permite la venta de ganados y animales que padezcan enfermedades contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo (artículo 1494 párrafo primero Código Civil). También, pero por razones estrictamente individuales del comprador, el artículo 1494 en su segundo párrafo establece «también será nulo el contrato de venta de los ganados y animales, si, expresándose en el mismo contrato el servicio o uso para que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo».

Tales supuestos del artículo 1494 han de entenderse distintos, por cuanto en el primer párrafo se establece un supuesto de nulidad absoluta, mientras que en el párrafo segundo se trata de un supuesto de anulabilidad o nulidad relativa.

2. Efectos

Se establecen los efectos del saneamiento de los animales en los siguientes preceptos:

El artículo 1497 dispone «si el animal muriese a los tres días de comprado, será responsable el vendedor, siempre que la enfermedad que ocasionó la muerte existiera antes del contrato, a juicio de los facultativos».

Por su parte, el artículo 1498 que «resuelta la venta, el animal deberá ser devuelto en el estado en que fue vendido y entregado, siendo responsable el comprador de cualquier deterioro debido a su negligencia, y que no proceda del vicio o defecto redhibitorio».

Finalmente, el artículo 1499 indica que «en las ventas de animales y ganados con vicios redhibitorios, gozará también el comprador de la facultad expresada en el artículo 1.486; pero deberá usar de ella dentro del mismo término que para el ejercicio de la acción redhibitoria queda, respectivamente, señalado». En consecuencia, el plazo de 40 días o el señalado por el uso de la localidad (artículo 1496 Código Civil) lo es tanto si se ejercita la acción redhibitoria como la estimatoria.

Por último, en esta materia debe hacerse referencia al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En cuanto al ámbito subjetivo, la Ley incorpora las definiciones de empresario, productor, producto y proveedor, al objeto de unificar la terminología utilizada. Las definiciones de empresario, productor y producto son las contenidas en las normas que se refunden. El concepto de proveedor es el de cualquier empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, distinguiéndose del vendedor, que, aunque no se define, por remisión a la legislación civil es quien interviene en un contrato de compraventa, en el caso de esta ley, actuando en el marco de su actividad empresarial. Por otro lado, el consumidor y usuario definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. En cuanto al ámbito objetivo, será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios.

La ley reconoce al consumidor el derecho a la reparación y sustitución del bien conforme a las reglas que en la ley se establecen (artículo 119), a la rebaja del precio y a la resolución del contrato, a elección del consumidor, cuando éste no pudiera exigir la reparación o sustitución y en los casos en los que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La rebaja del precio será proporcional a la diferencia entre el valor del bien en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega. No procederá la resolución cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia (artículo 121).

El plazo para responder por falta de conformidad es de dos años desde el momento de la entrega, aunque si se tratare de un bien de segunda mano se podrá pactar un plazo menor, pero no podrá ser inferior al año (artículo 123.1). Se establece la presunción iuris tantum, por lo que se admite prueba en contrario, de que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses siguientes a la entrega ya existían en el momento de entregarse la cosa, salvo que tal presunción sea incompatible con la naturaleza del bien o con la índole de falta de conformidad (artículo 123.1 párrafo segundo). La acción para reclamar el cumplimiento de las obligaciones del vendedor, a los efectos del capítulo II del título V (Garantía y servicios postventa) de la Ley, prescribirá a los tres años desde la entrega del bien (artículo 123.4), el comprador deberá informar al vendedor la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella (artículo 123.5).

Si al consumidor le resultare muy imposible o suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por falta de conformidad, podrá reclamar directamente al productor (fabricante de un bien de consumo o al importador). Quien hubiere respondido frente al consumidor podrá repetir frente al responsable de la falta de conformidad en el plazo de un año, que se computará a partir del momento en que se completó el saneamiento (artículo 124).

En el artículo 125 se regula la garantía comercial que con carácter adicional pueda ofrecerse al consumidor.

El Capítulo I del Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre se refiere a las acciones de cesación contra las conductas contrarias a lo establecido en la Ley y que lesionen intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, en la forma y con las condiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el propio Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.